En 2019, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se documentaron 72 feminicidios; en 2020 la cifra aumentó a 82 y en 2021 volvió a ser de 72. De enero a febrero del presente año ocurrieron 12 más en la capital del país, los cuales son investigados por la autoridad y han evitado la impunidad.

Aunque la cifra de casos no resueltos revela que la mayoría permanecen impunes, en la metrópoli existe un primer esfuerzo por clasificarlos y juzgarlos a partir de la perspectiva de género para impartir justicia, informó la titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, Sayuri Herrera Román.

Para ello se integra a la investigación el peritaje de trabajo social, que considera el contexto de la víctima, sus relaciones familiares y de pareja, así como evidencias de golpes y lesiones en el cuerpo, los cuales muchas veces no coinciden con los supuestos “suicidios” que defienden los perpetradores del delito.

Herrera Román participó con la conferencia magistral a distancia, “El peritaje de Trabajo Social en la investigación del Delito de Feminicidio”, como parte de la jornada 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres, organizada por la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM, en donde recordó que bajo el principio de que “toda muerte violenta de mujer debe ser investigada como feminicidio”, hace dos años la FGJCDMX creó la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio.

A su vez, la directora de la ENTS, Carmen Guadalupe Casas Ratia, destacó la activa participación de esta entidad universitaria en la nueva iniciativa que busca dar lugar al trabajo social en la investigación de estos delitos.

“Antes, Trabajo Social no tenía un espacio. Tendremos que seguir apuntando para que quede plasmado desde la ley orgánica y todo en lo que están fundamentadas las especialidades periciales”, señaló.

Hizo un reconocimiento a un grupo de académicas de la ENTS, quienes junto con el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) intervienen en esta labor, incluso antes de que se constituyera en un ente institucional. “La ENTS y otras entidades de la UNAM coadyuvan en este esfuerzo por integrar la perspectiva de género a la justicia”.

Al retomar el uso de la palabra, Herrera Román dijo que varios homicidios se han reclasificado al tomar en cuenta golpes físicos y antecedentes violentos en el entorno de las víctimas.

Consideró que la Fiscalía que encabeza es un ejercicio positivo que se debe replicar en otras instituciones de procuración e impartición de justicia; abrirla a la interacción y escucha con la sociedad civil en el Estado mexicano.

Se ha construido una infraestructura administrativa necesaria con ministerios públicos, policías de investigación y recursos técnicos que toman en cuenta la perspectiva de género a partir del primer acercamiento a la indagación, destacó.

Al referirse a los primeros resultados, detalló que la Fiscalía Especializada documentó 232 feminicidios de enero de 2019 a enero de 2022, distribuidos de la siguiente manera: 13 de niñas, de cero a 11 años de edad; ocho de adolescentes, de 12 a 17 años; 70 de adultas jóvenes, de 16 a 29 años; 109 de adultas, de 30 a 59 años; 26 de adultas mayores de 60 años; y seis de las que aún se desconoce su grupo de edad.

Además de casos nuevos, también reclasifica los rezagados de homicidios y suicidios, que acontecieron con anterioridad a la puesta en marcha de la entidad especializada.

Hasta diciembre de 2021 contaba con 19 agentes del ministerio público, nueve oficiales secretarios, 11 administrativos, cinco peritos y 41 policías de investigación, además de un comandante.