La Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, que preside la senadora Patricia Mercado, hizo un llamado a los gobiernos de los estados, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México, a implementar políticas integrales que garanticen que los comerciantes de la vía pública, cuenten con las condiciones necesarias para desarrollar sus actividades económicas.

El dictamen aprobado, en reunión de trabajo por las y los senadores, busca que dichas condiciones sean con apego a un marco regulatorio digno y adecuado, que garantice sus derechos humanos.

Asimismo, se exhortó al Congreso de la Ciudad de México, a fin de que establezca mesas de diálogo con expertos, organizaciones sociales, academia y personas comerciantes, previo a la aprobación del dictamen de la Ley que Regula las Actividades de las Personas No Asalariadas, Prestadoras de Servicios por Cuenta Propia, Productoras de Bienes y Artesanías y de los Comerciantes en el Espacio Público de la Ciudad de México,

El objeto es analizar a profundidad el dictamen en comento, a fin de que vaya acorde con lo establecido en la Constitución de la Ciudad de México, así como todos los marcos jurídicos aplicables, velando por la máxima protección, ejercicio y promoción de los derechos humanos de las personas comerciantes en la vía pública.

Lo anterior, establece el documento, debido a que ante la situación que se vive por la emergencia sanitaria decretada por el Covid-19, se requieren medidas que garanticen que las personas trabajadoras, cuya principal actividad son los distintos tipos de comercio en la vía pública, cuenten con las condiciones propicias y dignas para desempeñar las labores que permiten su sustento.

Refiere que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un aproximado de 12.5 millones de personas perdieron su empleo derivado de la pandemia, de los cuales, 2.1 millones eran empleos formales, y 10.4 millones de empleos informales. De igual manera, el trabajo informal creció en México 4.1 puntos porcentuales, para alcanzar al 51.8 por ciento de la población económicamente activa, a causa de la emergencia sanitaria.

Dada la situación por la que atraviesa el país, resulta indispensable que las autoridades locales implementen políticas públicas a fin de garantizar que las personas cuya principal actividad laboral sea el comercio en la vía pública, cuenten con las condiciones necesarias para desarrollar sus actividades, puntualiza.

Posteriormente, las y los integrantes de la Comisión avalaron hacer un llamado al Gobierno de Morelos para que, a través de la Secretaría de Obras Públicas y en coordinación con los alcaldes de dicho estado, refuercen las políticas enfocadas en mejorar las condiciones de movilidad y libre tránsito de las personas con discapacidad.

El dictamen precisa que diversas organizaciones de la sociedad civil, en conjunto con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos realizaron, en febrero de este año, recorridos por la ciudad de Cuernavaca, a fin de analizar la movilidad de este sector de la población, detectando “muchos obstáculos, pero también, poca sensibilidad de la gente para ayudar en un mejor desplazamiento”.

También se avaló que se declare a la primera semana de junio de cada año, como la “Semana Nacional de la Bicicleta”, a efecto de fomentar el uso de la bicicleta como un medio de transporte eficaz, sustentable y asequible.

Es imprescindible que las autoridades de los tres órdenes de gobierno implementen las acciones y políticas necesarias, no sólo para su promoción, sino para salvaguardar los derechos y la seguridad de quienes utilizan este tipo de trasporte, puntualiza el documento.