La diputada Esther Martínez Romano (PT) exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), al Sistema Nacional de Seguridad Pública, investigue, persiga y sancione los fraudes y abusos cometidos por operadores de aplicaciones de préstamos que actúan en nuestro país.
Asimismo, hizo un llamado para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dé a conocer las sanciones impuestas a estas plataformas, que hacen un uso indebido de los datos personales de sus clientes para extorsionarlos y coaccionarlos, por medio de amenazas e intimidaciones, al pago de estos créditos fraudulentos.
“Estas Apps atraen al público con promesas de préstamos rápidos, accesibles, con mínimos requisitos e intereses competitivos. Lo anterior es sólo el comienzo del engaño ya que, si bien el dinero se transfiere casi de inmediato, lo cierto es que no se le deposita en su totalidad pues, sin previo aviso, descuentan diversos servicios y a pocos días de haberlo contratado comienza el acoso para exigir pagos no pactados”, indicó.
Aseveró que la problemática es compleja debido a que estos sitios online, que surgieron de manera incontrolable como consecuencia de la crisis de desempleo y económica por la pandemia, maniobran al margen de la ley; por lo que es necesaria la coordinación entre los diversos organismos públicos para encontrar una solución integral que no se limite únicamente a informar al público sobre estas aplicaciones.
“La Condusef, junto a las fiscalías de las entidades y la policía cibernética son las instancias gubernamentales que han recibido la mayor parte de quejas; no obstante, solamente comunican y advierten a la gente, sin abocarse a la tarea de rastreo y solicitar a las tiendas virtuales la eliminación de estas Apps e impedir la incorporación de nuevas para los mismos fines”, reiteró.
Detalló que, según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, para la Ciudad de México, en lo que va del año, aumentó un 454 % las denuncias, en las que se han documentado casos de intereses elevados, cambios en los términos de contrato, amenazas, extorsiones, robo de datos y doxing, que es la práctica ilegal de revelar, por medios digitales, información personal sin el consentimiento de la víctima.
“Es tarea primordial de las y los legisladores hacer estos exhortos para erradicar estos esquemas delictivos que perjudican seriamente la economía de las y los mexicanos”, finalizó la diputada.
Foto: Cámara de Diputados