La consejera electoral Pamela San Martín afirmó que en la sesión extraordinaria del Consejo General del INE del próximo lunes se analizará y votará la propuesta de criterios que perfilan bajar las multas por faltas detectadas en la fiscalización de casi 18 mil candidatos a puestos de elección popular federales y locales.

En entrevista, San Martín precisó que ella no acompaña esta propuesta que avaló la Comisión de Fiscalización del INE, pues no encuentra argumento para reducir las sanciones por las faltas que se hayan cometido en el reporte de ingreso y gastos de campaña, así como de las que se apliquen a las quejas.

“Si se van a reducir sanciones tiene que haber una justificación que yo no advierto en este proceso electoral, y menos al haber advertido la magnitud del mismo y al tratarse de conductas que, por supuesto, afectan el ejercicio de derechos y que además tienen un impacto particular en un tema que siempre miramos en torno a la fiscalización que es la equidad en la competencia política”, manifestó.

Añadió que el Instituto hizo una inversión muy fuerte para hacer la fiscalización, por lo que se tendría que analizar cómo se corresponde esto en el resultado que tienen y con la decisión de reducir el costo de las multas, cuando “tampoco advertí que tuviéramos un cumplimiento mayor de los sujetos regulados”.

Esta propuesta de modificar los criterios y reducir el monto de las sanciones generará incentivos contrarios a lo que se necesita para la adecuada rendición de cuentas, porque precisamente lo que se ha advertido es que ha sido el reporte extemporáneo y ocultamiento de gasto lo que dificulta el trabajo de la autoridad electoral.

“Me parece que las determinaciones tendrían que favorecer el cumplimiento del modelo de fiscalización que ahora tenemos, que implica fiscalizar a lo largo de la campaña electoral, y no en los 10 días entre que concluye la campaña y se envían los informes de candidatos y partidos políticos, después de la jornada electoral», aseveró.

La consejera electoral dijo que los nuevos criterios que se pondrán a consideración del Consejo General prevén que algunas de las infracciones tengan una sanción inferior en el proceso electoral actual, sobre todo en el tema de gastos no reportados.

De acuerdo con la consejera electoral en procesos electorales anteriores, los gastos no reportados de campaña se habían sancionado con el 150 por ciento del monto involucrado, y ahora se estaría multando con el cien por ciento del monto involucrado.

Los gastos no comprobados, es decir, aquellos en los que no es posible identificar elementos de gasto, se habían sancionado con el cien por ciento del monto involucrado, ahora sólo se sancionarían con 50 por ciento del monto involucrado, agregó.

En el caso de registro extemporáneo de eventos, si se reportan antes de que se celebre el evento, se tenía una sanción de 10 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) por evento y ahora se ha modificado a una UMA por acto.

Respecto a los eventos que se reportaron después, y que la autoridad no pudo tener conocimiento antes de su realización, la multa era de 50 UMAS y ahora se ha establecido en cinco UMAS por evento.

Con relación al prorrateo, cuando había mala distribución del gasto entre los distintos contendientes, anteriormente se establecía 30 por ciento del monto involucrado, ahora se propone modificar ese criterio a cinco por ciento del monto involucrado, agregó.

San Martín Ríos y Valles dijo que adicionalmente se establece que el monto máximo de las multas que se puede cobrar a los partidos políticos por mes, por ley se había establecido en 50 por ciento de ministración, ahora se propuso que fuera 25 por ciento.

“Estos son criterios que tendrá que aprobar el Consejo General, yo no los acompañé ayer en la comisión y no los acompañare, pero será el pleno el que tendrá que validar o no los distintos criterios propuestos”, resaltó.

Puntualizó que se tendrá que analizar y discutir en el Consejo General la reducción de las sanciones en los casos de las conductas que sí afectan la rendición de cuentas y a la transparencia del origen y destino de los recursos de los partidos políticos y que afectan la fiscalización.

A su vez, el consejero Marco Antonio Baños indicó que esta propuesta que modifica los criterios para aplicar sanciones y las reduce será para los casos de extemporaneidades, “no estamos hablando de situaciones de fondo, los gastos o los ingresos que se reportan extemporáneamente, esas operaciones existieron, son legales, no tienen mayores complicaciones con esas cuestiones”.

Finalmente, afirmó que también se tomó en cuenta algunos criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para saber cómo sancionar cuando los partidos, por ejemplo, no han presentado los comprobantes de la gratuidad de los representantes en la casilla.

En opinión del consejero del INE, con estos nuevos criterios “estamos siendo justos con la aplicación de las normas, esa es la parte importante en este caso”.