La senadora Olga Sánchez Cordero señaló que los distintos tipos de violencia como la económica, emocional, sexual, laboral, física y cibernética implican violaciones a los derechos humanos; sin embargo, ocurren de forma cotidiana sin importar edad, lugar de residencia, ocupación o escolaridad de las víctimas.

Durante la inauguración del primer ciclo de conferencias “Mujeres por una vida libre de violencia física”, la legisladora refirió que siete de cada 10 mujeres, mayores de 15 años, han experimentado alguna situación de violencia, de esa cifra, 35 por ciento fue física.

La presidenta de la Comisión de Justicia explicó que la violencia física es cualquier acto no accidental que provoque un daño en el cuerpo de la mujer, como bofetadas, golpes, heridas, fracturas, quemaduras con ácido o, la peor de todas, el feminicidio.

Recordó que en el Senado de la República se aprobaron diversas reformas para que las mujeres puedan tener una vida libre de violencia. “Hemos votado iniciativas que afianzan los castigos para quienes atentan contra la integridad física de las mujeres”.

Sánchez Cordero consideró fundamental que jueces y magistrados apliquen estos castigos que ya se encuentran en las leyes y que utilicen la perspectiva de género.

“Quienes hemos tenido la gran oportunidad de ser personas juzgadoras sabemos perfectamente que cuando se aplica la perspectiva de género en los criterios judiciales, se favorece la justicia”.

Es primordial, continuó, pasar del discurso a la acción para atender esta problemática, pues detrás de estas cifras están las historias de las personas que han sobrevivido a atentados, que desean ser escuchadas y ayudar a prevenir los ataques.

Además, dijo la legisladora, todos los niveles de gobierno, organizaciones civiles, medios de comunicación, escuelas y las familias mexicanas deben trabajar para erradicar la violencia en contra de la mujer y aprender desde la infancia que esa conducta es anormal.

La senadora Citlalli Hernández Mora, de Morena, coincidió en que el papel del Poder Judicial en los casos de agresiones o feminicidios debe revisarse, ya que los victimarios actúan porque hay una impunidad que les permite actuar de esa manera sin consecuencia.

Expuso que la ley que impide a personas agresoras o deudoras alimentarias estar en un cargo público, causó molestia en esas esferas de poder, porque muchas de las personas que actúan de forma agresiva lo hacen desde esas posiciones.

Hernández Mora señaló que las expresiones de violencias que se ejercen contra las mujeres han escalado de nivel, porque se normalizan rasguños, jalones, sacudidas, golpes, y después se convierten en ataques con sustancias como el ácido o hasta el feminicidio.

Sulma Eunice Campos Mata, directora de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado, expuso que se debe apostar a la prevención de los actos violentos contra las mujeres, así como a diseñar políticas públicas locales para que puedan incidir de manera directa en la vida cotidiana de la población.

La especialista Angelica Lucía Demian Bernal refirió que 63.3 por ciento de las agresiones contra las mujeres se presentan en los hogares y 31.6 por ciento son cometidas por familiares, lo que implica que las victimas conviven de forma cotidiana con las personas agresoras.

A nivel nacional, Guerrero, la Ciudad de México y Querétaro son las entidades con mayor índice de violencia contra las mujeres; mientras que Baja California Sur, Tamaulipas y Chiapas son los estados con menor incidencia, destacó.

Foto: Senado