La Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios se reunió con el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, para analizar el estado de la política migratoria en nuestro país.

Se indicó que el actual gobierno heredó un andamiaje normativo contrario a la visión de derechos humanos, que plantea el proyecto de nación que defiende la Cuarta Transformación.

En ese sentido, aseveró que es una responsabilidad compartida entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo restructurar la política migratoria de conformidad con los retos del Siglo XXI.

Además, aseveró que el trabajo que hace el Instituto es fundamental, pues busca proteger los derechos humanos de las personas migrantes con el objetivo de lograr una migración ordenada, segura y regulada.

Asimismo, expresó que el tema migratorio es fundamental para el desarrollo de México como nación, por lo cual es necesario que dicho fenómeno se capitalice en beneficio y desarrollo del país.

Francisco Garduño Yáñez informó que Estados Unidos ha repatriado a 35 mil 707 migrantes mexicanos, el porcentaje más alto en la historia, ya que, incluso, supera las cifras de los gobiernos de Donald Trump y Barack Obama.

Dio a conocer que actualmente, en territorio nacional, hay un millón 265 mil 908 migrantes lo cual refleja el humanismo y la política de asilo del gobierno mexicano encabezado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Detalló que en Estados Unidos hay un déficit de seis millones de migrantes como mano de obra, mientras que Canadá requiere 600 mil migrantes. La escasez de trabajadores genera menor cosecha, mayor valor de los productos y, por lo tanto, hay inflación.

Garduño Yáñez aseveró que brindarán facilidades a las y los migrantes ucranianos en territorio nacional para que se mantengan en nuestro país, por las condiciones de vulnerabilidad y de posible violación a sus derechos humanos en su nación.

El funcionario puntualizó que cuentan con seis mil 876 espacios disponibles en 57 albergues; además, en los albergues Leona Vicario y Carmen Serdán hay tres mil 300 espacios.

Por Morena, la senadora María Celeste Sánchez Sugía hizo votos por mejorar la coordinación interinstitucional entre el INM, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y los gobiernos estatales y municipales, con el objetivo de asegurar condiciones de atención digna a las personas solicitantes de refugio.

En su oportunidad, la senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, expresó que el papel de la política migratoria en el país es sumamente complejo, por lo que solicitó que en la frontera sur se lleve a cabo la implementación de nuevas tecnologías que permitan contar con estaciones migratorias especializadas, contener la migración impulsada por “los polleros” y promover el respeto a los derechos humanos.

Su compañera de bancada, la senadora Claudia Edith Anaya Mota, mencionó que son muchos los estudios nacionales e internacionales que nos hablan de violaciones a los derechos humanos en el tránsito por nuestro país, por lo cual cuestionó al comisionado sobre las acciones preventivas o de investigación que se realizan para detectar a servidores públicos vinculados con diversos ilícitos.

Israel Zamora Guzmán, senador del PVEM, consideró que la comunicación entre el Senado de la República y el instituto Nacional de Migración debe ser permanente, constante y fluida ya que, dijo, hay puntos de acuerdo o reformas que se han tratado de impulsar, pero, de acuerdo con el informe presentado, eran innecesarias toda vez que ya se realizan estas acciones.

Al responder los cuestionamientos de las y los senadores, Garduño Yáñez dijo que la política migratoria que impulsa el INM busca en todo momento llevar a cabo una migración regulada, ordenada y segura, “es lo único que nosotros estamos realizando”.

Destacó que, si México no hubiera implementado un control en la frontera sur, habrían pasado, nada más en 2019, un millón de migrantes, “y preocupa porque no pueden deambular por el territorio nacional, sin ni siquiera conocer su nombre”.

Precisó que el Instituto tuvo que intervenir para desalojar a 52 mil migrantes que se concentraron en Chiapas en noviembre y diciembre, por lo que se dirigieron a diferentes entidades del país para que ahí les hicieran su tarjeta migratoria.

El funcionario indicó que las acciones de negociación con los migrantes son bajo la vigilancia y supervisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de tal forma que, a la fecha, precisó, la CNDH tuvo dos mil 835 quejas, de las cuales dos mil 618 fueron concluidas sin violaciones y 132 están en trámite, por lo que el INM sólo ha recibido 12 quejas.

Al referirse a la sanción de las faltas por parte de servidores públicos, mencionó el cese inmediato al agente federal migratorio que dio una patada a un migrante.

El funcionario se comprometió a mantener la comunicación directa con la Cámara de Senadores, para que conozcan y evalúen las acciones y fortalezas del Instituto; respecto a los albergues de migrantes, y afirmó que revisarán las condiciones de estos espacios para dar la atención a dicho sector.