La diputada Marisol García Segura (Morena) informó que inscribió una iniciativa para que la falta de pago total o parcial de la pensión alimenticia sea considerada violencia económica.

Asimismo, anunció que el próximo 22 de febrero se llevará a cabo el foro de Parlamento Abierto denominado «Adeudo de pensión alimenticia: Una forma de violencia económica», a las 11:00 horas, en San Lázaro.

En este encuentro se prevé la participación de Susana Bátiz Zavala, consejera de la Judicatura de la Ciudad de México; Miguel Ángel González Muñoz, coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres); e Ingrid Gómez Saracíbar, secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México.

Así como Cristal Guadalupe Arellano Moreno, directora general del Registro Civil de la Ciudad de México; y diversas diputadas y diputados que «queremos poner freno a la violencia económica».

En conferencia de prensa, García Segura refirió que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia.

Ante ello, aseguró que la falta de pago de una pensión alimenticia muchas veces se atribuye a la insolvencia económica, ya sea por desempleo «o lo que es peor, por ocultar los ingresos para intencionalmente evitar cubrir las necesidades primordiales de un hijo o más».

Agregó que el Inegi también señala que en el 91 por ciento de los casos los acreedores son los hijos; el 8.1 por ciento, la esposa y los hijos; y el 0.9 por ciento los hijos y el esposo.

La diputada destacó que al llevarse a cabo el divorcio, la pensión alimenticia puede asignarse a los hijos, al cónyuge, a ambos o a nadie.

Asimismo, mencionó que el 67.5 por ciento de los hijos no reciben pensión alimenticia por parte de su padre tras el divorcio, «quedando en indefensión para cubrir las necesidades básicas».

Señaló que, de acuerdo con el marco jurídico vigente del país, la pensión alimenticia se calcula con base en el monto mínimo establecido por la ley, por lo que del sueldo del padre o tutor se debe destinar el 15 por ciento por hijo.

Sin embargo, dijo que, el porcentaje puede variar dependiendo de las circunstancias de cada caso en particular.

García Segura mencionó que a pesar de que ya se cuenta con un parámetro para fijar las pensiones, «uno de los obstáculos para lograr obtener una pensión, en caso de divorcio o separación, es que es necesario entablar un juicio que tarda aproximadamente de seis meses a un año para obtener una sentencia firme».

«También muchas mujeres no cuentan con los medios económicos necesarios para poder entablar una demanda y, en consecuencia, se experimenta violencia económica al quedar completamente como responsables de los hijos o hijas», expuso.

La legisladora comentó que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y agosto de 2021, en todo el país se presentaron 14 mil 495 denuncias por incumplimiento de pensión alimenticia.

Añadió que las entidades con más denuncias son el Estado de México, Sonora y Guanajuato.

«El panorama es desalentador, las cifras no mienten y lo mínimo que el Estado mexicano debe realizar es el señalamiento legal ante la omisión total o parcial al otorgamiento de dicha pensión para que se considere como forma de violencia económica», insistió.

Asimismo, apuntó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado al respecto, señalando que comete violencia económica el que de manera injustificada se desatiende de sus obligaciones de aportar económicamente a sus hijos o hijas.

«Hoy les digo fuerte y claro que no están solas. Unidas somos más fuertes. Vivan nuestros derechos, vivan las mujeres», concluyó.

Foto: Cámara de Diputados