El arresto de Jesús Murillo es un avance.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es insensible con los familiares de las víctimas de los 43 alumnos desaparecidos de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, así lo consideró el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.

“Afirmar que las personas desaparecidas han sido asesinadas, sin tener una sola prueba científica de ello, es un doble atropello manifestado por el Estado mexicano en contra los familiares de las personas desaparecidas”, afirmó.

José Lara, abogado del colectivo, reconoció que las investigaciones han tomado un ritmo distinto en esta administración federal, pero aún así, tanto las víctimas como sus familiares tienen derecho a que el Estado continúe con la búsqueda de, los hoy, desaparecidos.

Recordó que en el país hay registro de que más de 100 mil personas están en calidad de desaparecidas, pensar que ellas fueron asesinadas, es desproporcional a la realidad y a las garantías que tienen las víctimas y sus familiares.

El colectivo reconoció el arresto de Jesús Murillo Karam, quien fungirá como titular de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), para que aporte más datos sobre lo ocurrido en aquella noche del 26 de septiembre de 2014.

“Pero es necesario la presencia del comandante supremo de las fuerzas armadas de aquel entonces, Enrique Peña Nieto, ante las autoridades investigadoras, ya que es imposible pensar que él actuara sin conocimiento y responsabilidad sobre el destino de estas 43 personas”, dijo.

“Como lo anunció el propio subsecretario de la Segob, Alejandro Encinas, es muy probable la responsabilidad penal –por acción u omisión— sobre el destino de las personas aún desaparecidas”, resaltó.

“La desaparición, en particular la forzada, es uno de las más graves violaciones a los derechos humanos, ya que vulnera no sólo a las víctimas y su entorno familiar, sino al social, y crea incertidumbre y terror -casi permanente- sobre el paradero o suerte de las víctimas”, recordó.

El abogado del colectivo recordó que, “del Estado mexicano lo menos que deben tener es, el respaldo para garantizar una búsqueda eficaz e inmediata hasta saber de su paradero, repito, hasta saber de su paradero, ya que toda persona tiene derecho a ser buscada”.

Por su parte, José Víctor Rodríguez, coordinador de comunicación y prensa del colectivo recordó que las más de 100 mil personas desaparecidas emanan del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

“Al margen del caso Ayotzinapa, tenemos una severa crisis en materia de personas desaparecidas, ya que, si sumamos la cifra negra entre 2015 y mayo de 2022 tendríamos que adicionar 5 mil 468 víctimas registradas por trata de personas.

De esta forma “el Estado debe comprometerse a garantizar una debida búsqueda, localización e identificación, con todos los recursos que las instituciones y mecanismos puedan tener, y por ello es necesario adecuaciones del Poder Legislativo.

“Es fundamental garantizar el derecho de toda persona desaparecida a ser buscada, con acciones concretas de las instituciones del Estado, con capacidad sin límite para encontrar su paradero y responder al derecho de la vida, la verdad y justicia”, explicó.