Con la finalidad de favorecer la producción de alimentos, reducir el riesgo de pérdidas a productores agrícolas y, al mismo tiempo, asegurarles un ingreso mínimo, la diputada federal del PRI, Paloma Sánchez, presentó una iniciativa para incorporar la figura de precios de garantía a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Esta es la segunda ocasión en la que la diputada Paloma Sánchez presenta iniciativa para proponer la incorporación de los precios de garantía a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, pues a pesar a tener un dictamen positivo en la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, los diputados de Morena votaron en contra de la propuesta en junio de este año, pese a que el gobierno federal destina anualmente hasta 3 mil millones de pesos a su Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos.

La diputada Paloma Sánchez dijo que la soberanía alimentaria y la producción agrícola mexicana pasan por una crisis sin precedentes, ya que la guerra en Ucrania y el impacto de la pandemia han mermado las cadenas de distribución.

Por ejemplo, agregó, la producción del maíz no supera los 30 millones de toneladas, cuando el consumo en el país es de casi 45 millones; de frijol sólo se producen 169 mil toneladas, pero el consumo es mayor a un millón.

Explicó que en otros casos, como el huevo, la leche, el trigo panificable y otros productos básicos, México no supera el 75% de producción local que recomienda la FAO para poder considerar que tenemos soberanía alimentaria.

En su iniciativa, la diputada Paloma Sánchez destacó que los precios de garantía ya se han implementado en México como política para asegurar los ingresos de los productores agrícolas, pero no están presentes en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Por esa razón, propuso que en dicha ley se incluya esta figura con el objetivo de asegurar un ingreso rentable por la producción de alimentos y productos básicos, evitando la volatilidad de precios por sequías, plagas, guerras o afectaciones que afecten la economía de los productores agrícolas.