La diputada federal Laura Lynn Fernández Piña (PRD) presentó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Unidad para la defensa de los mismos, haga públicas las acciones y resultados obtenidos en la aplicación del “Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, creado en 2012.

En un comunicado, explicó que la solicitud abarca los delitos y agresiones cometidos contra periodistas durante el periodo del 1 de diciembre de 2018 a diciembre del 2022, que es el correspondiente al gobierno en turno.

Detalló que el punto de acuerdo plantea a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que encabeza Alejandro Encinas Rodríguez, y a la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, a cargo de Enrique Irazoque Palazuelos, hagan pública la información relacionada con la aplicación de los recursos del Fideicomiso 10232 del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas’ (hoy, Fideicomiso del Fondo para la Protección), así como el número de personas respaldadas.

Además, pide a Encinas Rodríguez y a Irazoque Palazuelos crear políticas públicas actualizadas al contexto nacional y se revise el protocolo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de garantizar la protección de los derechos humanos y vida de periodistas en legítimo ejercicio de la garantía individual de la libertad de expresión que avala nuestra Constitución Política en los artículos 6o y 7o.

La legisladora aseveró que este llamado se hace en razón de que el mecanismo ha demostrado su pérdida de eficiencia, luego de darse casos donde periodistas y activistas fueron asesinados pese a contar con el respaldo del Mecanismo, por lo que resulta fundamental que, de inmediato, se revisen los protocolos para garantizar no sólo la protección de los derechos humanos, sino la vida misma de las y los involucrados.

Evidenció el nulo funcionamiento de dicho mecanismo cuando periodistas como Rubén Pat Cauich y José Guadalupe Chan (2018), y Francisco Romero (2019) fueron asesinados en Quintana Roo pese a haber estado bajo resguardo del citado dispositivo.

Y como ellos, citó, muchos otros en diversas entidades del país, lo que ratifica que el ejercicio del periodismo en México, se ha vuelto muy peligroso. “No omito señalar el intento de homicidio contra el periodista Ciro Gómez Leyva, cuya camioneta contuvo los impactos de bala, cuando el comunicador conducía rumbo a su domicilio en la Ciudad de México”.

Este caso, recalcó, no es distinto a los delitos cometidos en contra de todos los periodistas que han sido amenazados, secuestrados y hasta asesinados. Lo preocupante es que siguen ocurriendo y no parece haber indicios de que se detengan, se investiguen, persigan y erradiquen, refutó.

“No omito señalar que la organización Reporteros Sin Fronteras dio a conocer que México, con 11 asesinatos de periodistas en 2022, llegó a su cuarto año consecutivo como el país que, sin tener una guerra, registra la cifra más letal de informadores asesinados en el mundo, incluso por arriba de Ucrania.

“Derivado de lo anterior, podemos concluir que aún falta mucho por hacer para garantizar los derechos humanos y la vida de periodistas ya que, a pesar de que existen denuncias y evidencias, la presente administración ha incumplido su obligación de salvaguardar el derecho fundamental a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, remató.