En menos de dos años y medio, habitantes en el estado de Puebla realizaron 16 intentos de linchamiento contra 27 personas, de las cuales seis fallecieron.

Los eventos, según información oficial del Gobierno de Puebla que recabó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se dieron entre el 24 de septiembre de 2013 y el 27 de enero de 2016.

Aunque en todos los casos intervinieron al menos dos autoridades, principalmente policías municipales y estatales, en cuatro linchamientos hubo fallecidos.

El 3 de enero de 2015, en Tehuacán, cuatro personas fueron acusadas del robo a una casa y retenidas por pobladores. Tres fueron rescatadas y una murió.

El 27 de septiembre del mismo año, dos acusados de intentar secuestrar a unas personas fueron asesinados por pobladores de Cohuecán.

Unas semanas después, el 19 de octubre, dos encuestadores fueron linchados en Ajalpan por tener una actitud inusual que hizo pensar a los habitantes que se trataba de ladrones de niños.

La muerte más reciente ocurrió cuando una persona murió en el hospital luego de ser atacado por pobladores en Acatlán de Osorio, debido a un robo a mano armada.

«La anterior información, aunque no muestra la totalidad de linchamientos suscitados en el Estado de Puebla, son datos indicativos del fenómeno social contrario al Estado de Derecho», aclara la CNDH.

El organismo obtuvo esta información de la Secretaría de Seguridad Pública estatal al investigar el linchamiento de los encuestadores del 19 de octubre de 2015, en el que encontró omisiones de las autoridades.

A la autoridad municipal le reprocha que no pidió ayuda a municipios aledaños ni a la Policía estatal desde el momento en que se enteró de la intención del linchamiento.

«Se acreditó la actuación omisa del Presidente Municipal de Ajalpan, quien fue enterado oportunamente de la situación, y pese a que se encontraba a 10 minutos del lugar se presentó cuatro horas después», expuso la CNDH.

«Se documentó que, al arribo de la Policía Estatal a la Presidencia de Ajalpan, uno de los jóvenes se encontraba con vida, y al ser agredidos y replegados por la multitud, los elementos estatales no realizaron mayores acciones para el rescate de la víctima».

En esa ocasión, los pobladores acusaron a los encuestadores de ser secuestradores de niños, sólo por su actitud inusual.

Aunque fueron resguardados por policías municipales dentro de la Comandancia, que está en el Palacio Municipal, la multitud de pobladores entró al recinto y sacó a los encuestadores.

«La Comisión Nacional encontró que, con la omisión de actuación de las autoridades, en ese linchamiento se violaron los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la vida de las víctimas», sostuvo.

«De manera particular, se recomienda al Gobernador del Estado constituir un fideicomiso que garantice los estudios hasta el nivel superior de los hijos de una de las víctimas, incluyendo la entrega de uniformes y útiles escolares».

Con información de Reforma / Notimex