La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, publicó el pasado viernes en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos en Materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal que establecen las medidas a seguirse en el ejercicio del gasto público federal (https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600749&fecha=18/09/2020).

Impulsada por la secretaria Sandoval Ballesteros como titular de la Función Pública, la Ley Federal de Austeridad Republicana rige el ejercicio presupuestal en nuestro país desde el 20 de noviembre de 2019.

La secretaria de la Función Pública, quien presidirá el Comité de Evaluación de las medidas implementadas, expresó esta mañana que, tanto la Ley como sus Lineamientos “son un compromiso del Gobierno de México para acabar con el dispendio y la corrupción, prevenir los conflictos de interés, fortalecer el gasto social al frenar el derroche y separar los intereses públicos de los privados sin afectar derechos los derechos del pueblo».

La emisión de los Lineamientos “permitirá seguir profundizando el combate a la desigualdad social, la corrupción, y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”, expresó la secretaria Sandoval Ballesteros.

De acuerdo con los Lineamientos, firmados también por el secretario de Hacienda y Crédito Público, las personas titulares de las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes serán las responsables implementarlos, pero serán los Órganos Internos de Control, dependientes de la Función Pública, los que vigilarán y verificarán su cumplimiento.

Los lineamientos establecen criterios en materia de recursos financieros, administración de recursos humanos, recursos materiales y servicios generales, fideicomisos, transparencia, rendición de cuentas y fiscalización, estas últimas, a través del Comité de Evaluación, que emitirá los parámetros para la elaboración y presentación del diagnóstico de las medidas de austeridad.

Entre los puntos sobresalientes destacan que los gastos operativos en materia de recursos materiales, suministros y servicios generales se deberán limitar a los mínimos indispensables sin afectar las metas institucionales.

Señala como punto esencial el uso de las compras y contrataciones consolidadas en las operaciones públicas para disminuir los costos y lograr mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, tanto en la adquisición como en el arrendamiento de bienes.

Además, en lo referente a telefonía celular, servicios de comunicación e internet, fotocopiado, equipo y congresos, entre otros, los montos no podrán ser mayores a los ejercidos en el presupuesto anterior, una vez considerados los incrementos de precios con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

En materia de recursos humanos, sólo se podrán hacer modificaciones a las estructuras orgánicas y salariales, siempre y cuando no incrementen el presupuesto, además de que no se podrán crear plazas, salvo que se cuente con la previsión presupuestaria aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por otra parte, no se podrán constituir o celebrar fideicomisos o mandatos en las materias de Salud, Educación, Procuración de Justicia, Seguridad Social y Seguridad Pública, salvo cuando su creación esté prevista en ley, decreto o tratado internacional, y se prohíben las aportaciones, transferencias o pagos en las que se utilicen instrumentos que permitan evadir las reglas de disciplina financiera, rendición de cuentas, transparencia y fiscalización del gasto que impulsa el Gobierno de México.

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