El Grupo Parlamentario del PRI sostuvo que en su momento advirtió que extinguir el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) fue irresponsable, porque pone en riesgo la vida y el patrimonio de los mexicanos.

Subrayó que ahora que estados como Tabasco, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Veracruz viven los estragos de las lluvias intensas, el Gobierno Federal es responsable de destinar recursos suficientes para apoyar a las familias damnificadas y regresar a la normalidad los servicios públicos.

“Solicitamos que el Poder Legislativo se pronuncie para exhortar al Ejecutivo Federal a que salvaguarde la vida y bienes de las familias perjudicadas por las inundaciones y que las dependencias de gobierno lleven a cabo acciones que reparen la infraestructura carretera, de telecomunicaciones y salud pública”, señaló la bancada en un comunicado.

En el caso de Tabasco y Chiapas, las y los diputados priistas pidieron fortalecer los trabajos de búsqueda, a fin de localizar a las personas que se encuentran en calidad de desaparecidas y poner en marcha un programa de asistencia a damnificados que perdieron seres queridos y su patrimonio.

“No es correcto que la población tenga que lidiar con la incertidumbre por la falta de apoyo gubernamental, específicamente para proteger la vida e integridad de los mexicanos; la recuperación de su patrimonio y el incumplimiento de protocolos de actuación, que prevengan contagios del Covid-19, ya que tanto Chiapas como Tabasco, tienen altos índices de casos y defunciones por coronavirus”, indicaron.

De igual modo, señalaron que la presencia de funcionarios de la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad y la Coordinación Nacional de Protección Civil, no ha dado los resultados esperados, frente a las inundaciones.

México es uno de los países a nivel mundial que presentan más pérdidas derivadas de fenómenos naturales, ya que con base en datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres Naturales (Cenapred), durante las últimas décadas, las catástrofes han dejado daños con un costo promedio anual de más de 14 mil millones de pesos, enfatizaron.

Las y los diputados priistas reiteraron que destruir el fondo presupuestal para atender desastres naturales fue un error, y la administración vigente jamás ofreció una alternativa para resarcirlo.

El decreto presidencial que extingue los fideicomisos establece que a partir del 1 de enero de 2021, el Gobierno Federal transferirá recursos a través de sus diversas secretarías de Estado para apoyar a la población damnificada; sin embargo, no existen reglas de operación que garanticen la eficiencia, eficacia, equidad y transparencia en el uso de recursos públicos.