El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Víctimas, en materia de lesiones inferidas con ácido. Se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El dictamen avalado en lo general, con 453 votos, adiciona un capítulo I Bis denominado “Lesiones inferidas con ácido o sustancias similares”, con un artículo 301 Bis al Título Decimonoveno del Código Penal Federal y se establece que se impondrán de siete a quince años de prisión y de trescientos a setecientos días multas, a quien por sí o por interpósita persona, infiera lesión o lesiones a otra persona, utilizando para ello cualquier tipo de ácido, álcali, agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable.

Señala que cuando la lesión o lesiones afecten la cara, el cuello, el brazo, la mano o los órganos sexuales de la víctima, la pena se aumentará hasta en un tercio, en su mínimo y en su máximo. Cuando la víctima sea mujer, persona con discapacidad o menor de edad, la pena se aumentará hasta en una mitad.

Indica que, si la lesión o lesiones afectan órganos o funciones vitales, ponen en peligro la vida o más de la mitad del cuerpo, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio o el feminicidio, en grado de tentativa, según corresponda.

También se adiciona el artículo 36 de la Ley General de Víctimas a fin de estipular que, a las víctimas de lesiones inferidas con ácido o sustancias similares, se garantizará el acceso a cirugías reconstructivas.

El documento refiere que los ataques con ácido o sustancias corrosivas menoscaban la integridad y la libertad humana de las víctimas, pues les ocasionan graves y notorias lesiones en diversos partes del cuerpo, como cara, rostro, cuello o manos. Afirma que las consecuencias de dichas conductas pueden observarse en diversos ámbitos de la vida de la víctima, pues trastoca su estado de salud y hasta su esfera social.

Menciona que los ataques con ácido son cometidos contra mujeres por factores como el rechazo de insinuaciones sexuales, las ofertas de matrimonio que reciben, los celos, el odio o la venganza. A partir de ello, es posible percibir la intención de dominio del agresor sobre la víctima para ocasionar cicatrices visiblemente notorias en el cuerpo y rostro, a fin de avergonzarlas y orillarlas al aislamiento, lo que profundiza la desigualdad y opresión en que se encuentra la mujer por los estereotipos sociales.

Destaca que los ataques con ácido ya son un fenómeno con gran incidencia a nivel mundial. De acuerdo con cifras de la Organización Acid Survivors Trust International (ASTI), se calcula que al año se producen al menos mil 500 agresiones; más del 80 por ciento son contra mujeres latinas.

Ante la tribuna, diputadas y diputados de Morena, PRI, PVEM y PRD fijaron sus posicionamientos respecto al dictamen.

La diputada Alma Anahí González Hernández (Morena) lamentó que en México no exista un banco de datos de las mujeres atacadas con ácido, pero algunas cifras indican que son al menos tres mil 354 mujeres las que han sido víctimas de esos crímenes durante los últimos 12 años y la mayoría perpetradas por hombres; este es el momento de que las mujeres vivan libres y sin miedo, y que se haga realidad sus demandas.

También de Morena, la diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes argumentó que la violencia contra las mujeres es el problema más grande al que se enfrenta la sociedad, pues una de cada tres mujeres ha sufrido la violación o la afectación por violencia por parte de un tercero o de su pareja. Hoy, añadió, se tipifica el ataque con ácido y sanciona al agresor de 7 a 15 años, se agravan las penas por afectar la cara, cuello, brazos, manos u órganos sexuales.

Montserrat Alicia Arcos Velázquez, diputada del PRI, indicó que el dictamen vela por el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia; las mujeres y niñas mexicanas sufren violencia todos los días y es alarmante que haya 11 feminicidios cada día en el país; la violencia ácida conlleva un evidente rasgo de misoginia.

Relató que esta agresión se ejerce de manera intencional cuando el agresor arroja una sustancia corrosiva a la víctima; estos ataques laceran la vida de las mujeres y los agresores lo hacen en un lugar público para generar miedo colectivo y marcar terror; por ello, es importante legislar en la materia y sancionarlo.

Del PVEM, la diputada Valeria Santiago Barrientos subrayó que el dictamen abona a la erradicación de la violencia. Consideró urgente atender las acciones que propician violencia de género y lamentó que los casos más representativos de este tipo de violencia no han sido atendidos.

Asimismo, consideró necesario incorporar en la legislación la pena por lesiones inferidas con ácido y con ello garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia. “Como legisladores es nuestra obligación atender cada una de las acciones que propician este tipo de violencia de género toda vez que las agresiones que se ejercen por lo general van escalando en su gravedad dejando huellas a quien las padece”.

El diputado Miguel Ángel Torres Rosales (PRD) dijo que, en el dictamen, las diputadas promoventes reflejan las causas, luchas y acciones reales en pro de la ciudadanía. Apuntó que la violencia es una realidad que el gobierno no puede ocultar y cuya fallida estrategia de seguridad ha dejado al país a la deriva.

Recordó que en 2021 fueron asesinadas casi 400 mil mujeres, lo que implica que al día son asesinadas 11. Aseguró que el gobierno está lejos de apoyar las causas de las mujeres. “Nuestro grupo parlamentario siempre ha velado por los derechos de las mujeres, especialmente de las más relegadas e históricamente relegadas”.

Reserva

Con 433 votos en pro, cero en contra y 20 abstenciones, se aprobó en lo general y en lo particular, el artículo Tercer Transitorio reservado, en términos del dictamen. Para la discusión en lo particular, la diputada Jessica Ortega De la Cruz (MC) reservó dicho transitorio, a fin de que se garantizara la atención de servicios médicos y recursos para cirugías, pero la propuesta fue desechada.

Foto: Cámara de Diputados