El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, manifestó que la Cámara de Diputados asume el compromiso de trabajar para eliminar las barreras físicas, socioculturales, jurídicas o de cualquier índole, que reproduzcan actos de discriminación, violencia o exclusión de las personas con discapacidad.

Al ofrecer un mensaje en la ceremonia inaugural del Primer Foro Nacional de Inclusión “D-Capacidad Sin Barreras”, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, destacó que “las personas con discapacidad exigen y con razón su inclusión para vivir en igualdad de condiciones y es lo que estamos tratando de propiciar en la LXV Legislatura, dialogar con todas y todos los actores sociales”.

Este foro, dijo, “es un ejercicio muy productivo para que recojamos las necesidades y perspectivas de las personas con discapacidad. Es importante tener interlocución y no trabajar de manera unilateral”.

Consideró que el encuentro ayudará a compartir información, experiencias, investigaciones y otros instrumentos, con el fin de explorar, desde el espacio legislativo, un marco jurídico que garantice la inclusión plena de estas personas.

Indicó que las y los legisladores “tenemos la obligación de adoptar los principios de pluralidad, empatía y justicia social, siempre teniendo en cuenta a los grupos más vulnerables, con el propósito de traducirlos en acciones que resulten en el bienestar y la dignificación de las personas”.

Subrayó que en el caso de las personas con discapacidad el compromiso es ser parte del cambio de la perspectiva para abordar la discapacidad desde un enfoque social, a fin de construir una sociedad plural en la que todos los seres humanos sean parte fundamental para cumplir el paradigma de no dejar a nadie afuera, ni atrás.

Urgen políticas públicas para tener infraestructura inclusiva

El presidente de la Comisión de Infraestructura, diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT), refirió que en México no hay datos estadísticos sobre la infraestructura accesible para personas con discapacidad respecto a hospitales, transporte y edificios, entre otros. Por lo tanto, urgió realizar un diagnóstico real de los problemas que enfrenta esta población y así implantar políticas públicas que atiendan esta problemática.

Explicó que la infraestructura adaptada en planteles de todos los niveles educativos, asciende a 38 mil 843 de un total de 154 mil 580 centros escolares. Los estados con mayor infraestructura son Colima, Quinta Roo, Baja California Sur, Coahuila; y los más rezagados, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Michoacán y Veracruz. “No hay duda que es urgente cambiar la concepción del diseño y construcción para asegurar la inclusión universal”.

Se avanza en las tareas de accesibilidad y respeto

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) comentó que, de acuerdo al INEGI, hay más de 6 millones de personas con discapacidad, lo que representa 4.9 por ciento de la población del país. Es preciso decir que las personas con discapacidad son aún más vulnerables cuando viven en un ambiente de pobreza, desempleo, rezago educativo e inaccesibilidad a la salud.

En este contexto, dijo, se debe fomentar una conciencia efectiva en la sociedad para lograr la igualdad de oportunidades para esta población, impulsando procesos de vinculación y desarrollo social con base en la dignidad, la autonomía, la igualdad, la no discriminación y la inclusión.

Hay que desaparecer barreras físicas y sociales

La legisladora Margarita García García (PT) dijo que la condición de discapacidad es aquella bajo la cual ciertas personas “presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial y que afecta su interacción y participación en la sociedad”. Al escuchar a los ponentes, dijo, se contará con mayores elementos para no solamente reconocer su condición sino lo que se requiere para abrir espacios y oportunidades.

Mencionó que es clara la necesidad de redoblar esfuerzos para superar los desafíos y desaparecer las barreras que impiden la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. “Debemos eliminar las políticas y normas inadecuadas, actitudes negativas, la falta de prestación de servicios y accesibilidad”.

Se debe garantizar la inclusión de las personas con discapacidad

La presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, mediante un video, indicó que estos foros motivan a la reflexión, pero, aún más para la acción y el trabajo sobre los pendientes que se tienen como gobierno y también como sociedad para garantizar la adecuada inclusión y el pleno desarrollo de las personas con discapacidad.

Señaló que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad lo que representa 4.9 por ciento de la población total del país. “Debemos trabajar de manera conjunta y corresponsable para eliminar todos los obstáculos de las personas con discapacidad que enfrentan en los espacios arquitectónicos y en los espacios urbanos”.

Garantizar acceso a la educación, la salud y el empleo

El activista en favor de las personas con discapacidad, Guz Guevara, expresó que “hay una deuda histórica con nosotros y es el momento de pedir que nos dejen de tratar como personas menos valiosas. Hay que vivir la discapacidad con orgullo y con dignidad”.

Consideró que para las personas sin discapacidad obtener un empleo es algo cotidiano y común, una tarea sencilla; sin embargo, solo 5.5 por ciento de la población con discapacidad tiene la oportunidad de prepararse profesionalmente. “Para este grupo existe una brecha salarial de 150 por ciento menos por hacer exactamente lo mismo que una persona sin discapacidad”.

Fomentar entre la sociedad el respeto a los derechos humanos

Angélica María Rivadeneyra Villareal, presidenta de Testimonio Social de Ética Revolucionaria AC (TESERAC), comentó que lograr la participación igualitaria de las personas con discapacidad, demandará erradicar las barreras jurídicas, físicas, tecnológicas, económicas, laborales, educativas y actitudes de la sociedad en conjunto.

Dijo que la integración digna empieza por una adecuada política de empleo que garantice el principio de igualdad de trato y la incorporación al sistema productivo mediante la fórmula de trabajo protegido. Asimismo, al impulsar programas y políticas públicas de inclusión se enriquecerán comunidades, lugares de trabajo, hogares y escuelas. “Generemos sociedades sostenibles y respetuosas de los derechos humanos”.