La falta de acceso a la vivienda provoca segregación y exclusión urbana, complicación de la movilidad residencial y pérdida de diversidad cultural.

Toronto, Nueva York, Londres, Seúl, Berlín, Barcelona, Valparaíso. Nadie se salva de las peripecias de vivir en una metrópolis: encarecimiento de rentas, desahucios, allanamientos y atentados. Estas y otras problemáticas son narradas por Leilani Farha, relatora en Vivienda por la ONU, en el documental Push: En defensa del derecho a la vivienda (Fredik Gertten, 2019).

El largometraje fue presentado durante el Seminario Internacional Permanente Ciudad Mercado Inmobiliario y Estructura Urbana, organizado por la Maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial de la Ibero Puebla. Expertos como Ada Colau, Joseph Stliglitz, Roberto Saviano y Sasskia Sasken aportan enfoques políticos, sociológicos y económicos, y parten de la tesis de que la actual crisis de vivienda urbana no es solamente un asunto de gentrificación.

Push revela los entramados de la especulación inmobiliaria —quiénes y por qué incrementan los costos de los inmuebles—, que dificultan el acceso a la vivienda a gran parte de la población, especialmente en las grandes ciudades. Mientras el precio de las viviendas se ha disparado en los últimos años, la creación de empleos y los ingresos han tenido un incremento moderado.

Luego de la proyección del filme, Lorena Cabrera Montiel, coordinadora de la Especialidad en Gestión Integral del Riesgo, identificó un patrón global y sistémico en el que corporaciones financieras e inmobiliarias contribuyen a que las ciudades sean imposibles de habitar. Los inmuebles habitacionales se han convertido en instrumentos de inversión en lugar de satisfactores de una necesidad humana básica.

En este sentido, mencionó que los fondos de inversión transnacionales obtienen ganancias de las personas más pobres a través del acaparamiento de la propiedad, así como de mecanismos financieros de acceso a la vivienda cada vez más sofisticados. Por consiguiente, los propietarios corporativos prefieren mantener vacíos los inmuebles antes que bajar los precios.

A esto se suman otras problemáticas de gran impacto en el desarrollo urbano como flujos ilícitos de dinero y acceso desigual al suelo y a servicios. Las grandes corporaciones, advirtió Cabrera Montiel, están concentrando un poder nunca visto que supera las fuerzas de las autoridades locales.

Por su parte, Eduardo García Vásquez, coordinador de proyectos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE), enfatizó la importancia de pensar la vivienda como un derecho humano y de diferenciar los conceptos de “vivienda digna” y “vivienda adecuada”. Esta perspectiva, dijo, está reconocida en diversos instrumentos internacionales.

Tanto el artículo 4° de la Constitución mexicana como la ley federal de vivienda vigente contemplan que: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. Si bien, algunos organismos nacionales han comenzado a implementar el concepto de vivienda adecuada, el cual contempla aspectos como seguridad de tenencia, disponibilidad de servicios, infraestructura habitabilidad y adecuación cultural.

Aunque los efectos de la financiarización y la mercantilización de la vivienda abordados en el largometraje son perceptibles en las grandes ciudades del país —Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey—, otros problemas derivados están presentes en municipios más pequeños.

Lorena Cabrera indicó que, a partir del año 2000, México alcanzó cifras históricas de vivienda nueva y, a su vez, de vivienda deshabitada. Millones de personas perdieron no sólo su casa sino el derecho al acceso a una hipoteca. El censo de 2020 contabilizó más de seis millones de hogares deshabitados, un 14% del parque habitacional total. Solo en Puebla hay casi 315,000 viviendas vacías en distintos segmentos económicos.

En el documental se enfatiza el papel de ciudadanos, organismos, movimientos sociales y gobiernos locales como actores de resistencia frente a firmas privadas que dictan lo que sucede en las grandes metrópolis en cuestión de desarrollo urbano. Se plantea así la necesidad de poner en práctica medidas de control y protección para evitar la especulación y el desplazamiento de los habitantes.