En caso de que México pierda el arbitraje, tendría 45 días para corregir su comportamiento y hacer adecuaciones necesarias para dejar de transgredir el tratado. La reclamación es de 10 mil millones de dólares. Esto es 5 veces el monto de remesas que Puebla captó en 2021.

Dada la relación tan intensa que existe entre Estados Unidos y México, siempre es relevante abordar las temáticas que giran alrededor de estas dos naciones y en esta ocasión tiene que ver con la controversia jurídica que el pasado 20 de julio del 2021, se presentó.

Si bien, la postura del presidente de México de que su discurso político y de respeto a la soberanía sirvan a los intereses de su partido de manera interna, hacia afuera, reducen los márgenes de negociación y maniobra de México contra los Estados Unidos en la controversia que está en curso con respecto a la reforma energética, enfatizó Derzu Daniel Ramírez Ortiz, Director de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la UPAEP.

Dijo que el 20 de julio del año pasado, el representante comercial de USTR de Estados Unidos solicitó la activación del mecanismo de controversias del capítulo 31 del T-MEC (acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá), en donde los norteamericanos argumentan que varias disposiciones y acciones en la política energética mexicana contravienen los derechos de las empresas estadounidenses inscritos en este tratado de libre comercio que entró en funciones en el 2020.

Dijo que uno de los principales argumentos de los Estados Unidos es que el gobierno mexicano está violando el principio del trato nacional, es decir, le está dando ciertos privilegios en cuestión de comercialización de hidrocarburos y en cuestión de despacho eléctrico a la CFE y a PEMEX y con ello, discriminando a las empresas estadounidenses productoras de energía que se encuentran en el país.

Abundó que a este reclamo hecho por los Estados Unidos, ya se sumó Canadá y anunció que va a generar su propio mecanismo de controversias en contra de México.

Ramírez Ortiz indicó que este proceso de controversias comprende tres etapas, la primera que ya está en curso, consiste en una serie de consultas en donde se busca que el gobierno de los Estados Unidos y el de México, traten de llegar a una solución mutuamente acordada y evitar que este diferendo continúe.

Agregó que de no llegar a un acuerdo para mediados de octubre de este año, se dará paso a la segunda etapa en donde ya es una etapa de arbitraje, en el que un panel de árbitros obviamente seleccionados se encargarán de determinar cuál de los dos gobiernos tiene la razón, si los Estados Unidos o México, sin dejar espacio para una posible negociación. Cabe señalar que el grupo de especialistas tiene 6 meses para dar a conocer su veredicto y estaríamos hablando de abril de 2023.

Manifestó que una tercera etapa sería que en caso de que México pierda el arbitraje, tendría 45 días para corregir su comportamiento y hacer adecuaciones necesarias para dejar de transgredir el tratado. La reclamación es de 10 mil millones de dólares. Esto es 5 veces el monto de remesas que Puebla captó en 2021. Además de que en un escenario así, los países eligen muy bien a qué productos o servicios poner aranceles para causar la máxima presión y hacer que el país sancionado corrija sus prácticas.

Derzu Ramírez subrayó que, de acuerdo a las reglas y a la interpretación jurídica de los tratados de libre comercio, México tiene mayores posibilidades de perder, puesto que, si bien el Capítulo 8 reafirma el dominio de los países sobre sus hidrocarburos y su derecho soberano de regularlos, en ningún momento el tratado dispone que puede transgredir la libre competencia.

Apuntó que uno de los argumentos que el gobierno mexicano ha utilizado para fundamentar su posicionamiento en lo referente a la política energética, es que el capítulo 8 del tratado de libre comercio le da a los países miembros el derecho soberano de regular sus sectores energéticos, “lo que ha servido como fuente de confianza para el gobierno mexicano y decir que ellos tienen la razón y que realmente no están vulnerando ninguna disposición del tratado de libre comercio”, sin embargo, los especialistas dicen que en el acuerdo comercial de acuerdo al capítulo 8, las naciones no pueden transgredir las normas y el espíritu pactado en el tratado de libre comercio que es el de la libre competencia, el trato nacional y el de la certidumbre jurídica.

Refirió que es la primera vez que Estados Unidos y Canadá activan un procedimiento de solución de controversias entre estado y estado contra México en los 28 años que nuestro país tiene acuerdos comerciales con esas dos naciones.

Además de que esta controversia está siendo utilizada con fines de política interna, queriendo insertarla en el discurso de la defensa de la soberanía en contra de las empresas extranjeras. Hace unas semanas el presidente de México dijo, “Voy a aprovechar el 16 de septiembre, el día de nuestra Independencia (…) Vamos a fijar la postura sobre este asunto, pero no vamos ceder porque es un asunto de principios, tiene que ver con nuestra soberanía”, manifestó el académico.

En ese sentido, Ramírez Ortiz expresó que esta postura puede servir al partido en el poder en términos de discurso político, pero reduce el margen de negociación y maniobra de México contra los Estados Unidos. Por lo tanto, sí el presidente hace tema central la defensa de la soberanía energética, se reducirán las posibilidades de que en la primera etapa se llegue a un acuerdo.

“Si el arbitraje se materializa y México pierde, y el presidente se sigue atrincherando en este discurso, también será más difícil hacer modificaciones al marco jurídico y por lo tanto la posibilidad de enfrentar aranceles se acrecentará”, asentó el Director de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la UPAEP.

Señaló que los actores económicos externos confirman una vez más que la postura del presidente mexicano y su partido es la de subordinar a la economía a los intereses políticos del partido en el poder. Es una tendencia que se ha visto desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco hasta ahora con esto.

Advirtió que este tipo de acciones lo que produce es mandar un mensaje de incertidumbre a los inversionistas, de que sus inversiones van a estar a expensas de las necesidades políticas y electorales del partido.

Por último, comentó que este atrincheramiento en la idea de que la energía debe producirse y transferirse por monopolios públicos, aunque sean ineficientes y contaminantes y no por entidades que lo hagan más barato y más limpio. De seguir esta política no sólo va a ser contraproducente para el equilibrio ecológico y la salud de los mexicanos, sino que amenaza con dejar fuera a México de los mercados internacionales como Estados Unidos, Canadá y Europa.

Por ejemplo, en el Pacto Verde Europeo, se establecen barreras a productos provenientes de economías donde se produce con energías sucias y en donde no se cumple el mandato del Acuerdo de París.