Como resultado del seguimiento al proceso penal en torno al homicidio de Agnes N., ocurrido en 2012, la Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria contra Marco Antonio Berra Spezzia alias «El Tony»; Luis Fernando Bueno Mozzoco alias «El Huicho»; y Agustín Flores Zechinelliy, quienes permanecen en la cárcel.

Al continuar desahogando diligencias y recabar pruebas por parte del Ministerio Público, el Juez Penal condenó a Marco Antonio Berra Spezzia y Luis Fernando Bueno Mozzoco, a 35 años de prisión; en tanto, Agustín Flores Zechinelliy, pasará 23 años 4 meses en la cárcel. Asimismo, la autoridad judicial determinó que cada uno deberá pagar, por reparación del dato material, 17 mil 891 pesos, 59 mil 80 pesos por daño moral y 177 mil pesos por los delitos de homicidio calificado y robo de vehículo.

Agnes, de 28 años de edad, fue hallada sin vida el 10 de marzo de 2012 en inmediaciones de  la barranca denominada Xaxocuapatle, a un kilómetro del puente que cruza la autopista Siglo XXI. Posteriormente, el vehículo VW Gol en el que viajaba, fue localizado calcinado en la zona conocida como La Trinidad en el municipio de Atlixco.

Se estableció que los probables responsables conocían a la hoy víctima y que ya habían planeado apoderarse del vehículo en el que viajaba, por lo que la invitaron a una fiesta que se realizaría en un rancho de Chipilo, Puebla, aunque dicha fiesta no existió.  Una vez que Agnes N. llegó al sitio, los sujetos la amagaron y sometieron por la fuerza, trasladándola a la barranca en la que posteriormente fue hallado el cuerpo.

Al concluirse la investigación a cargo de la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, hoy Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI), se logró identificar a los probables responsables quienes fueron detenidos en el estado de Yucatán, lugar al que huyeron después de cometer el ilícito.

En las diligencias se desahogaron más de 160 elementos de prueba, entre los que destacan: declaraciones rendidas ante el Agente del Ministerio Público, informes de la Policía Ministerial, un cateo, redes de vínculos telefónicos, dictámenes periciales y diligencias de reconocimiento de indicios, entre otras.