En 2013, tras una revisión médica, Rocío García Ramírez se enteró de que el cáncer de mama que había sufrido en 2006 había regresado y tenía metástasis.

La empresa donde trabajaba, Acciona Operación y Mantenimiento, la despidió, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2017 emitió una sentencia en la que calificó el despido como injustificado por discriminación laboral por enfermedad, pero la empresa se negó a reinstalarla.

Al año siguiente llegaron a un acuerdo y la liquidaron por un millón 600 mil pesos, pero ahora le exigen que regrese el dinero, pues afirman que ha afectado la imagen de la empresa al exponer su caso en redes sociales y en medios.

Desde 2013, año en que Acciona la despidió, Rocío se quedó sin seguro social, sus hermanos han vendido todas sus propiedades para pagar sus quimioterapias, pero ya no tienen recursos para seguir con el tratamiento y ahora está recibiendo cuidados paliativos.

En mayo de 2017, la SCJN falló a su favor, pero la empresa se negó a reinstalarla en su puesto, la empresa impugnó la resolución y en octubre del 2018 Rocío dio una entrevista en radio narrando su caso.

Después de la entrevista “los de la empresa me llamaron y me dijeron ‘sí te vamos a pagar, pero ya no salgas en medios’. En mi familia ya teníamos deudas por pagar todas las quimioterapias y tratamientos, y por eso en octubre del 2018 acepté que me liquidaran —con un millón 600 mil pesos— pero tuve que firmar un acuerdo, donde me comprometía a que no saldría en medios de comunicación, ni mencionar que me discriminaron por cáncer”, recordó Rocío.

Su enfermedad se ha agravado en los últimos años, y ella ha seguido buscando justicia, sobre todo busca la reparación del daño moral que le han causado a sus hermanos, su madre y a ella, pues a partir de que se quedó sin seguro social, la familia vendió todas sus propiedades, pero ella ya está en estadio 4 de cáncer, pues ya no pueden pagar quimioterapias, y la salud de su madre también se erosionó.

Por esa razón, este año acudió a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo “y me dijeron ‘te vamos a ayudar conciliando en este conflicto’ y me pidieron que le llevara una notificación a la empresa”, le dijeron que no había actuarios por falta de presupuesto y ella tuvo que llevarla a la empresa.

Fui el primero de septiembre —a la empresa— y me pasan a la sala de juntas, y Carlos Pastor Ballarin, que es director de Seguridad Corporativa de Acciona, me dijo: ‘O dejas de salir en medios y redes sociales, o nosotros te tenemos perfectamente investigada a ti y tu familia, y te vamos a dar donde más te duele’, le dijo el directivo.

Ese mismo día Rocío presentó una denuncia por amenazas ante el Ministerio Público “y desde ese día tengo seguridad por parte de la alcaldía, tengo Código Águila, no se pueden acercar a mí a menos de 500 metros y esa carpeta de investigación se está integrando”.

A principios de noviembre, su abogada le avisó a Rocío que la empresa la había demandado por afectar su imagen, por mencionar el caso en redes sociales y en medios, y le exigían dar por terminado el convenio que firmaron en 2018 y que Rocío les regresara el millón 600 mil pesos que le dieron de liquidación.

Me están pidiendo que les regrese el dinero, argumentan que incumplí el punto 4 del convenio que firmamos en 2018, en el que yo me comprometía a no hablar del tema públicamente”, explicó Rocío.

Rocío afirma que la cláusula cuarta es inconstitucional, pues ninguna empresa puede limitar la libertad de expresión de un ciudadano, pues es un derecho consagrado en la Constitución federal, por lo cual se amparó ante tal demanda.

Después de que las últimas dos semanas Rocío ha estado entrando y saliendo del hospital, dijo a Excélsior: “Estoy muy cansada, estoy en un estado de pánico por las amenazas, estoy preocupada por la integridad de mi familia y tengo miedo a morirme sin poder dejar concluida ya esta historia que ha sido una historia de daño, de muchísimo daño”.

Excélsior buscó a Acciona para conocer su postura y la empresa respondió:

El asunto se encuentra en fase judicial, por lo que no podemos hacer ningún tipo de comentario. Sólo indicar que la excolaboradora fue desvinculada en 2013 por motivos estrictamente laborales. En su momento, la empresa indemnizó a la excolaboradora y el contrato laboral quedó finiquitado en conformidad con la ley laboral mexicana y de conformidad con la demandante”.

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