El especialista en seguridad nacional de la Universidad Jesuita cuestiona la estrategia para mitigar la delincuencia en las carreteras, situación que condujo al próximo paro de transportistas del 5 de febrero.

Las carreteras de México están siendo asediadas por la delincuencia, y esto desata la indignación entre los automovilistas y transportistas que diariamente transitan por ellas. Asaltos, secuestros exprés, cobros de derecho de piso. Tan solo en 2023 las cifras oficiales dieron cuenta de que cada hora había un asalto en autopistas, y aquellos que dedican sus vidas a la industria del transporte son los más afectados.

Víctor Hernández Ojeda, coordinador Diplomado en Seguridad Nacional y Gestión del Riesgo de la Ibero Puebla, señala que la inseguridad en las carreteras es herencia del siglo XIX. El expresidente Benito Juárez incentivó los antecedentes de una policía federal con una organización bautizada como Los Rurales: bandidos a los que se les otorgó la amnistía bajo la condición de detener a otros delincuentes.

La estrategia fue retomada por Porfirio Díaz, y así prevaleció exitosamente hasta el sexenio de Felipe Calderón, quien adjudicó otro tipo de tareas a este organismo federal para operativos antinarcóticos y control territorial. Esto tuvo como como consecuencia la creación de la Guardia Nacional, una policía federal con formación militar que no cuenta con la preparación para la seguridad carretera.

“Estamos pagando las consecuencias de improvisar a la policía al vapor. A pesar de que la Guardia Nacional se quiso vender como una corporación policial nueva, la realidad es que 8 de cada 10 integrantes de la Guardia Nacional —nos dice el INEGI— son militares o marinos, y, por tanto, no tienen la experiencia policial técnico-especializada que se necesita”, explica el también director de formación en la organización México Unido Contra la Delincuencia.

Para Hernández Ojeda, “el gran problema con la creación de la Guardia Nacional es que se está poniendo en carreteras a personal que no sabe nada sobre el patrullaje de estas zonas, o incluso del manejo de vehículos de emergencias. Por ello, la incidencia de accidentes es altísima”.

El paro nacional del próximo 5 de febrero deviene de esta ausencia de acción y patrullaje en las autopistas que ha dejado desprotegidos a los transportistas y, por consecuente, a sus familias. “La internación militar en estos espacios, como son ahora las aduanas o las carreteras, no es garantía de pacificación. Si la receta mágica fuera esa, todos los municipios y estados de la República que tienen un fiscal militar o un secretario de Seguridad Pública militar ya se habrían pacificado hace décadas”.

Otro fallo de esta estrategia de seguridad es el incremento de los llamados justicieros, que son aquellos ciudadanos que deciden tomar justicia por mano propia y cometen delitos de alto impacto como homicidios o portación ilegal de armas de fuego: todo con el fin de protegerse y defender a los suyos.

“Eso lo que acaba haciendo es incentivar más el mercado ilegal de armas de fuego, lo cual es paradójico. Se supone que hay una regulación muy estricta del mercado de armas, precisamente para evitar que la ciudadanía las adquiera, pero ocurre lo contrario porque el trámite es tan insufrible, largo, burocrático y tan lleno de minucias que la gente opta por el mercado ilegal y se expone a más riesgos”, explica el experto.

El Mtro. Víctor Hernández admite que si bien se pueden tomar algunas medidas precautorias como prestar atención al entorno mientras se conduce y alejarse de cualquier ruta que pueda parecer un riesgo, ninguna medida personal a este punto va a ser más efectiva que regresar el modelo de policía de carreteras a la estrategia de seguridad mexicana.