En la sesión ordinaria del 26 de abril las y los diputados aprobaron el dictamen que reforma el artículo 111 Bis y adiciona el artículo 106, con una fracción XXII, de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de prohibir a éstas solicitar acceso a la información privada, como contactos, fotografías y videos contenidos en medios digitales.

Asimismo, comprende teléfonos celulares, tabletas, computadoras de clientes a quienes otorguen algún servicio u operación financiera, salvo aquellas indispensables para dar cumplimiento a las políticas de prevención, de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita, así como Disposiciones Generales en la materia

La reforma se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Al respecto, en el programa “Parlamento Abierto”, con el tema “Sanciones a los ‘montadeudas’. Una demanda social”, producido por la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, el diputado Yerico Abramo Masso (PRI) aseguró que defraudadores y extorsionadores conocidos en el mundo como agiotistas o “montadeudas” ya no podrán seguir delinquiendo, ni abusando de la población en general por redes sociales.

El legislador refirió que en 2021, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, siguió de oficio unas denuncias y se dieron cuenta de que había 85 call centers donde se hacían llamadas de extorsión relacionadas con créditos vía electrónica.

“Ya pusieron tras las rejas, por los delitos de fraude y cohecho a estas personas, lo que sentó antecedentes para llegar a la iniciativa de ley”, dijo.

En esa ocasión, señaló, encontraron que el 80 por ciento de los extorsionadores provenían de Corea, 10 por ciento de Colombia y 10 por ciento eran mexicanos, y no se les pudo detener porque faltaba un elemento jurídico para perseguirlos de oficio, y “ya se los estamos dando con esta nueva ley, para que no solamente se persiga el hecho del fraude, sino también el hecho de la extorsión, el robo de datos personales y el agiotismo”.

El secretario de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Turismo e integrante de la Comisión de Economía Social y Fomento al Cooperativismo, indicó que las personas no denunciaban los hechos ilegales por miedo.

Dijo que la Procuraduría Fiscal detectó que el año pasado 655 mil personas estuvieron denunciando en redes sociales, y de ellas, solamente el 2 por ciento interpuso una denuncia ante la autoridad competente.

“El modus operandi es muy simple, aunque no fácilmente detectable, razón por la que muchas personas caían en la trampa, al ver los logotipos de las supuestas empresas financieras y escuchar la voz de presuntos profesionales, en ocasiones con efectos de sonido que semejaban el ruido de oficinas muy ocupadas”.

“Estas seudoempresas son lavadoras de dinero, utilizando lenguaje financiero, que es el que utilizan los bancos, empezaron a hacerle creer a la gente que eran instituciones de crédito autorizadas para prestar dinero. La gente, al ver que parecían bancos u operadoras de crédito les empezó a aceptar su manipulación y cuando los usuarios habían aceptado el crédito no se daban cuenta de que ya les habían bajado toda su información personal”, enfatizó.

El legislador por Coahuila aseguró que la situación empeoró con la pandemia de Covid-19 y con las aplicaciones de “home office”, situación muy difícil que utilizaron estos delincuentes para sorprender a la gente, a las familias, y lavar el dinero de sus operaciones ilícitas.

“Empezaron a proliferar una serie de ofertas de crédito vía redes sociales, páginas de Internet, correos electrónicos, redes de WhatsApp, vía aplicaciones de Android y I Pod, ya que desafortunadamente, a raíz de la pandemia tuvo que pedir prestado para cubrir las necesidades de su casa”.

“Estas famosas aplicaciones digitales, conocidas en el mundo como las ‘montadeudas’, empezaron a facilitar préstamos de 500 hasta 20 mil pesos a personas que tuvieran la urgencia del dinero. La gente, lamentablemente, empezó a aceptar las reglas o ‘las cookies’ en sus celulares, sin darse cuenta que en realidad estaban aceptando que entrara un virus, un ‘malwear’, para poder robarle sus contactos electrónicos, sus videos”, expuso.

Por ejemplo, comentó, si una persona solicitaba un préstamo por 10 mil pesos, empezaban por depositarle 2 mil y luego le decían: siga con las reglas 5, 6 y 7 y estas eran para bajarles la información, la gente no se daba cuenta, y al cabo de un mes, cuando los agiotistas llamados “montadeudas” les empezaban a cobrar, a los solicitantes se les atoraba el barco, no podían pagar porque estos agiotistas digitales empezaban a cobrar intereses anuales de 250 por ciento, lo que era impagable.

Una deuda, por ejemplo, de 20 mil pesos, con una tasa de interés del 100 por ciento anual, tenían que pagar el capital más otros 20 mil pesos de intereses. En el caso de 50 mil, tendría que pagar 30 mil pesos de intereses más el capital: por los 20 mil pesos terminaban debiendo 70 mil, convirtiéndose en una bola de nieve impagable.

“Lo que sucedía con la gente que debía lo impagable, es que la investigaban y empezaban a chantajear y extorsionar diciéndole a sus contactos: si no me pagas para esta fecha voy a publicar esta fotografía tuya que tienes en tus imágenes, en tu archivo o en la nube. Y si no me pagas para esta fecha voy a subir esta fotografía de tu hija o de tu hijo, voy a mandarle a tu esposa o a tu esposo esta foto que te puede comprometer. La esposa o el esposo empezaban a dudar y no interponían la denuncia correspondiente por miedo de fraude, y empezaban a caer cada vez más en la extorsión, a este agiotismo de la ‘montadeudas’”, puntualizó.

“¿Qué hicimos? Tomé esta denuncia ciudadana y la transformé en una reforma de ley, modificándose el artículo 111 y 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, y en el Artículo 164 Bis del Código Penal Federal, para poder darle hasta nueve años de cárcel a estos lavadores de dinero, y lo más grave es que prestan a muy altas tasas de interés y utilizan la información de las familias para extorsionarlas con su propia información”.

“Hoy está autorizado por la Cámara de Diputados, se aprobó el 26 de abril, con 454 votos a favor, 22 abstenciones de Movimiento Ciudadano, y el voto favor de los grupos parlamentarios, el Senado tendrá que aprobarla en septiembre y el Ejecutivo la publicará, lo que servirá como una herramienta jurídica para perseguir de oficio este delito”, enfatizó.

El diputado hizo hincapié en que la reforma prohíbe a las instituciones de crédito, ya sean bancos, tiendas departamentales, servicios o bienes que se paguen a crédito, que pidan cualquier dato personal y las fotos y videos de los usuarios de la banca y los servicios financieros, así como sus firmas, rúbricas o huellas digitales. (JCHW)

Foto: Cámara de Diputados