Durante la Mesa de Diálogo “Reflexiones a diez años de las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos”, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, afirmó que la memoria exige recordar a quienes, en su demanda de democracia, entregaron vida y libertad para lograrla.

Señaló que cualquier ejercicio de la memoria en México impone, en este 10 de junio, reflexionar sobre dos eventos, separados cuarenta años entre sí: uno, de corte represivo y violento, el Jueves de Corpus de 1971, que fue una cínica matanza de estudiantes perpetrada por grupos parapoliciales; el otro, registrar el avance significativo en el proceso de transformaciones institucionales que reclama el pleno ejercicio de los derechos humanos.

En tal sentido, continuó, “quiero pensar que no fue casual que la publicación de esta amplia reforma constitucional –en materia de derechos humanos- en el Diario Oficial de la Federación, coincidiera el 10 de junio. Mudo homenaje a quienes hace 50 años marcharon para exigir el elemental derecho a manifestarse”.

Resaltó que entre el 10 de junio de 1971 y el 10 de junio de 2011 transcurrieron cuatro décadas. La concatenación de esfuerzos para establecer los mecanismos de ejercicio efectivo de los derechos humanos para todas las personas se inició con esta gran rectificación del Estado mexicano en la década de 1970. Hubo muchos y muy importantes esfuerzos que se han desarrollado a lo largo de estos 40 años.

Sauri Riancho recordó que después de los brutales acontecimientos del 2 de octubre, “las universidades quedaron cubiertas con el manto negro de la represión. Los líderes del Consejo Nacional de Huelga continuaban en prisión. No había activismo político en las universidades, controladas en muchos casos por grupos porriles o parapoliciacos. No se hacían marchas ni se realizaban protestas callejeras. El clandestinaje se imponía como ejercicio de sobrevivencia y las montañas de Guerrero y de Michoacán se convirtieron en la única alternativa para la lucha política opositora”.

Precisó que el 10 de junio de 1971, los Comités de Lucha del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM, convocaron a la primera marcha desde 1968. La motivación provino de la solidaridad con la resistencia de la comunidad –estudiantes, académicos y trabajadores- de la Universidad de Nuevo León frente a la imposición de una ley orgánica que anulaba su autonomía, junto con el nombramiento de un nuevo rector médico militar con rango de teniente coronel.

La diputada presidenta consideró que la espiral descendente de la ilegalidad y la descomposición social se detuvo cuando un pequeño grupo de políticos del partido gobernante, lúcido y comprometido con la democracia, logró impulsar una amplia reforma político-electoral en 1977 y hacer reaccionar al Estado mexicano con apertura en vez de represión.

La reforma política promovió la creación del sistema de partidos políticos, legalizó al Partido Comunista Mexicano después de tres décadas de su prohibición; se impulsó una amplia amnistía para “limpiar” las cárceles de presos políticos y para iniciar la construcción de la pluralidad y la ampliación del entramado de derechos y libertades que estaban exigiendo, especialmente sus jóvenes, mujeres y hombres.

“Hubo muchos y muy importantes esfuerzos que se han desarrollado a lo largo de estos 40 años. Pero la memoria exige recordar a quienes, en su demanda de democracia, entregaron vida y libertad para lograrla”, concluyó.