El objetivo de la reforma constitucional en materia eléctrica es recobrar la conducción de toda la industria en México, organizando de nuevo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), afirmó el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Lo anterior, desde tribuna, al fundamentar el dictamen que reforma los artículos 4, 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía y de acceso a la energía eléctrica.

El diputado señaló que se realizaron nueve modificaciones a la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal, a fin de lograr el diseño de un esquema tarifario con sentido de servicio público; asimismo, para que comparta el mercado eléctrico del país.

Resaltó que se propone la cancelación de contratos que partieron de un esquema “viciado” de legitimidad. No obstante, esta reforma “otorgará mayor beneficio a aquellas empresas que buscan que se vote en contra”.

Sostuvo que estas modificaciones a la Carta Magna son históricas, porque se propone algo muy diferente a lo que existe en este momento a partir del 2013. “Recobrar para el país la conducción de toda la industria eléctrica de México, organizando de nuevo como ente público a la comisión federal de electricidad transfiriendo facultades de los órganos reguladores a otras áreas”.

Explicó que se terminarán con los certificados de energía limpia y se propone crear un régimen excepcional en este rubro, para que se pueda disponer de una manera más libre sus negociaciones administrativas y económicas.

Aclaró que la propuesta inicial del Ejecutivo de nacionalizar el litio no recibió ningún planteamiento de modificación por parte de algún grupo parlamentario.

Enfatizó en que se elevará a rango constitucional el acceso de cualquier mexicano al uso y suministro de electricidad, como la condición previa para disfrutar de los derechos humanos que están inscritos en el artículo cuarto de Constitución.

El diputado expuso que se establece que, enseguida que entre en vigor este decreto, la CFE procederá a diseñar un esquema tarifario consentido de servicio público, que vuelva a la electricidad un bien social y que le quiten su carácter de simple mercancía comercial, financiera y especulativa.

“Que bajen las tarifas para el bombeo de agua potable, para el saneamiento de los pueblos y de las ciudades, para el consumo doméstico en todo lo que abarca; que revise otras tarifas que beneficiarían escuela y hospitales públicos, esto es algo muy importante”, agregó.

Subrayó que al cancelar permisos y contratos es algo inusitado, “porque viene acompañado de algo que no contiene la Constitución y ninguno de sus precedentes, porque inscribe en el texto constitucional que, en un área estratégica, se comparta con prioridad el mercado eléctrico del país, en ningún otro caso habría mayor garantía para la inversión privada que la Constitución dijera cuál es el porciento que le corresponde de manera exclusiva”.

“Eso no está en ninguna otra parte de la Constitución y en ningún otro país, por más liberal que sea, mayor garantía no puede haber”, puntualizó.

Manifestó que al voto opositor a esta reforma le convendría quedarse con el dictamen que se discute, “ya verán cómo van a reclamar cuándo cambian de abogados esas empresas que buscan el voto opositor”, concluyó el diputado.

Foto. Cámara de Diputados