El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) reiteró su llamado a las y los legisladores, así como a empresarios y grupos parlamentarios para aprobar la iniciativa que regula la subcontratación laboral, ya que dicha figura fue, muchas veces, aprovechada como mecanismo de simulación para la contratación en perjuicio de los derechos de los trabajadores, toda vez que su uso repercute directamente en la eliminación de diversas prestaciones, así como la evasión del pago de cuotas de seguridad social y del pago de impuestos.

A través de un comunicado, dijo que de acuerdo con el Censo Económico 2019 del Inegi, en los últimos años se ha incrementado la práctica del “outsourcing” pasando de 3,578,247 personas contratadas bajo esta práctica en 2014 a 4,685,356 en 2019; lo que implica una tasa de crecimiento media anual de 5.5%.

Por otra parte, se calcula que en México existen alrededor de 1,200 empresas con subcontratación ilegal cuyos trabajadores no cuentan con derechos laborales ni con la declaración del monto real de sus salarios; a esto se suma que menos de la mitad se encuentran registradas debidamente y de las que cuentan con registro, sólo una pequeña parte paga impuestos, por lo que la subcontratación laboral se ha convertido en un problema público que representa pérdidas al erario y a los derechos de los trabajadores.

Indicó que datos del Censo Económico 2019 arrojan también que muchas empresas de subcontratación incumplen con sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, pues la subcontratación laboral tiene como finalidad reducir costos mediante la evasión fiscal al simular actos que tienen efectos fiscales y al ocultar o disimular relaciones laborales.

De esta forma, la subcontratación afecta principalmente en la evasión de lo siguiente:

• Impuesto Sobre la Renta (deducciones falsas, retener y no enterar) e Impuesto al Valor Agregado (acreditamiento indebido) se estima que las empresas que subcontratan ilegalmente evaden cerca de 21 mil millones anuales.

Lo anterior, perjudica de diversas maneras al país. Se reduce la capacidad del gobierno para la prestación de servicios públicos, servicios de salud, de pensiones y vivienda. Al respecto, se estimó que los 21 mil millones anuales equivalen a construir 14 hospitales de segundo nivel o 210 unidades médicas de primer nivel de atención1.

• Cuotas del IMSS e INFONAVIT: La subcontratación genera que las y los trabajadores tengan menor capacidad de crédito, en algunos casos se ven obligados a postergar dicha decisión; o una vez otorgado el crédito la capacidad de pago de pago de la persona trabajadora es limitada. También influye en los servicios médicos a las que las personas trabajadoras tienen derecho.

Esto merma los derechos de los trabadores y ha contribuido a la precarización del trabajo en nuestro país.

Adicionalmente, la falta de pago de las citadas cuotas impacta de manera negativa las arcas del erario, del IMSS e Infonavit.

Por lo anterior, Ramírez Cuéllar señaló que la aprobación de la reforma significará un gran avance en materia fiscal y laboral, pues permitirá un mayor control a las empresas dedicadas a la facturación falsa y a la evasión fiscal evitando las deducciones falsas, la no retención y el no enterar; además de hacer cumplir las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e INFONAVIT, lo que beneficiará a alrededor de 71 millones de personas que no cuentan con seguridad social.

El diputado federal también se refirió a los cuestionamientos sobre la posibilidad de que la reforma viole los compromisos señalados en el T-MEC, y afirmó que de aprobarse, se cumplirá con las exigencias del mismo para mejorar las condiciones de los trabajadores, además cerrar una primera etapa de justicia laboral que integró una nueva política de recuperación de aumento a los salarios mínimos, un nuevo sistema laboral y la democratización de los sindicatos y de los contratos colectivos, lo que coadyuvará a dar cumplimiento a los compromisos firmados por nuestro país.

Por último, el legislador reiteró su llamado a los diversos grupos parlamentarios y a los empresarios para trabajar juntos y sumarse al proyecto enviado por el Ejecutivo Federal y avalar el dictamen que regula la subcontratación de personal.