El poder judicial necesita de total independencia para tener la capacidad de discernir y de resolver las disputas que se pueden llegar a construir en el aparato ejecutivo, en el aparato judicial y obviamente en las disputas que se puedan dar en el sector social, privado y en la misma ciudadanía con el resto de los integrantes del estado.
Desde que se aprobó el artículo transitorio en el Senado y en la Cámara baja, se ha visto en todos los medios de comunicación con muy pocas excepciones, que los constitucionalistas y politólogos que han tomado la palabra para referirse a la prolongación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se manifiesta de manera unánime de que se trata de una violación al estado de derecho.
Un artículo transitorio, no puede estar por encima de la constitución política, es decir, estamos ante un acontecimiento del cual no se tienen noticias recientes y en muchos nace la duda de “qué está tramando el presidente de la república con esta acción”, asentó Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo, Decano de Ciencias Sociales de la UPAEP.
Al agregar que el presidente en su momento dijo que esta acción no es una reelección, a lo cual uno se pregunta, si esto no es una reelección, se puede hacer en otros casos y no se estaría hablando de reelección, sino sólo de prolongar un poco el mandato de las personas.
Señaló que es lamentable que se utilice el pretexto de que “no hay nadie más que el ministro Arturo Zaldívar para encabezar la reforma al aparato judicial, es decir, los otros 10 miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son unos inútiles o unos corruptos o las dos cosas y, el único que puede hacerlo, el único Prometeo o héroe que puede hacerlo es el señor Zaldívar, lo cual resulta increíble”.
Sánchez de la Barquera, refirió que se tiene el temor de que se puedan utilizar esos argumentos con otras intenciones. “Ya se trató de hacer en Baja California con el gobernador Bonilla, ahí no se logró, pero ahora se busca y ya se logró por lo menos en la ley antes de que esto llegue a la corte, el de prolongar este mandato, lo cual es muy preocupante, porque la ley dice de manera clara que son 4 años y se acabó. No hay nada que interpretar. No puede haber reelección inmediata”.
En su intervención, Norma Pimentel Méndez, catedrática de la Facultad de Derecho de la UPAEP, señaló que no se puede pasar por alto el estado de derecho, que se debe reconocer como un principio de gobernanza, se reconoce como la suma de las acciones personales instituciones de las propias entidades que construyen el estado, que a final de cuentas es la suma de estas voluntades del pueblo, de estas decisiones y de la propia decisión de la ley en las instituciones y las entidades que la integran.
Reiteró que el estado de derecho tiene por objetivo principal el respeto a los derechos humanos, al principio de equidad, al principio de justicia y al principio de eficiencia.
Expresó que hoy se tiene una preocupación mayor como país, “como país nos preocupa que efectivamente el estado de derecho apuntalado en nuestra legislación, una legislación que es el resultado justo de estos pesos y contrapesos que son normales, que son naturales en el ejecutivo, en el legislativo y propiamente en el poder judicial, en donde el más apartidista tiene que ser el poder judicial, porque es indudable que el poder legislativo que va a tener y tiene representación político-partidista va a guardar por una lógica hasta numérica como la que tenemos en estos momentos, una relación directa con el titular del ejecutivo en el turno y en la época en la que ésta se encuentra”.
Norma Pimentel agregó, “la importancia de sostener la independencia judicial es fundamental porque de suyo el poder judicial tiene esta gran labor de dar la imparcialidad en la resolución de las disputas. Y por lo tanto, es la preocupación académica, es la preocupación del sector jurídico, el querer interpretar por qué, sí existe una estructura normativa vigente, sí existe una estructura organizacional que además dentro del propio poder judicial hay todo un antecedente en la manera en que está integrado el pleno, en las formas en que están integradas las salas de la corte y en donde al frente de cada una de ellas, ya se tenían a dos presidentas, a dos ministras que de forma histórica, estaban cediendo a la presidencia de la primera y de la segunda sala”.
Agregó, “con esta acción, se estaba garantizando, que a la salida del ministro presidente de la SCJN, se iba a tener de forma histórica también esta representación de una ministra como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y justo se analizaba a la luz de la legislación vigente y que habla bien de la posibilidad de darle esta perspectiva de género tan necesaria y urgente en nuestro país, de la accesibilidad de la justicia a las mujeres y a grupos vulnerados en nuestro país”.
Pimentel Méndez enfatizó que se tiene estructura jurídica, se tiene análisis de estos ojos ajenos, de esos ojos con una metodología sumamente probada que reconocen que es necesario que exista esta independencia judicial como aspecto fundamental para hablar del índice, para hablar de la capacidad que tiene el país para garantizar y sostener al propio estado de derecho.
Subrayó que al poder judicial le toca ser ese gran contrapeso entre el aparato político, el aparato que toma decisiones ejecutivas del estado, porque el estado es la suma no solo de estos tres poderes, sino de los organismos constitucionalmente autónomos de la propia ciudadanía, de nuestra participación, pero es el poder judicial el que requiere de contar con esta total independencia para tener la capacidad de discernir y de resolver las disputas que se pueden llegar a construir en el aparato ejecutivo, en el aparato judicial y obviamente en las disputas que se puedan dar en el sector social, privado, y la ciudadanía con el resto de los integrantes del estado. Y resulta que este ente autónomo, hoy, se va a volver juez y parte”.
Alejandro Varela López, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, expresó que México está viviendo un momento en el que todo ese proceso de reforma del estado y que a partir de los años 90 ha tenido un gran auge en materia electoral, administrativa, de federalismo y de la transición democrática que se vive, es un momento histórico en donde se va a permitir evaluar el grado de estabilidad o de consolidación democrática que nuestro país quiere.
Agregó que se debe ver como un reto hacia ese sistema que hasta el día de hoy tiene aproximadamente 31 años de que ha venido forjándose y en donde todavía hace falta que ese sistema de pesos y contrapesos, realmente emita una resolución en donde nos indique principalmente si el estado de derecho de nuestro país se va a ver fortalecido o definitivamente, se está en un proceso de debilitamiento de nuestro estado de derecho.
Por lo tanto, manifestó que con base en la resolución que se tome en la SCJN, dejará un precedente en nuestro país, y que nos permitirá evaluar cómo el grado de madurez de nuestro sistema ha ido mejorando o está en declive.