Luis Lacalle Pou, candidato del Partido Nacional, será el próximo presidente de Uruguay, pues las cifras arrojadas por el segundo escrutinio llevado a cabo por la Corte Electoral confirmaron este jueves su triunfo en la segunda vuelta del pasado domingo.

El vicepresidente de la Corte Electoral de Uruguay, Wilfreco Penco, aclaró que no van proclamar presidente “hasta que se abra la última urna”, pero la diferencia entre Lacalle y el candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, ya es imposible de remontar.

Lacalle Pou, de 46 años, cuenta con una larga tradición familiar en el ámbito político, por ser hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y bisnieto del histórico dirigente del Partido Nacional, Luis Alberto de Herrera.

El político, quien estudió derecho en una universidad privada, pero nunca ejerció su carrera, vive ahora en un lujoso barrio de la capital uruguaya con su esposa, Lorena Ponce de León, y sus dos hijos, de acuerdo con el portal Notimérica.

Dos años después de terminar sus estudios universitarios, Lacalle Pou decidió incursionar en la política, donde ha sido electo tres veces como diputado y una como senador.

Sin embargo, esta no fue la primera batalla por la Presidencia del candidato del Partido Nacional, por el que contendió en los pasados comicios de 2014, en los que fue derrotado en segunda vuelta por el actual mandatario Tabaré Vázquez, del izquierdista Frente Amplio.

En una entrevista con el diario uruguayo El Observador, Lacalle Pou admitió que su derrota frente a Vázquez «lo mató», pero aseguró que salió adelante gracias a su esposa, quien lo animó a empezar a recorrer el país, que «es lo que más te gusta», señaló el político en su libro biográfico «Un rebelde camino a la Presidencia».

En la campaña que lo lleva a la presidencia, Lacalle Pou, prometió en particular combatir la delincuencia y mejorar las finanzas públicas.

El próximo presidente ha asegurado que frenará a la delincuencia en el país, con un récord de 414 homicidios en 2018, respecto a los 284 de 2017, y ordenará las finanzas públicas, con un déficit fiscal de 4.9 por ciento.

Asimismo, prometió recortar gastos superfluos, bajar las tarifas, combatir la corrupción y redimensionar los planes de asistencia social del actual gobierno, al que acusa de haber implementado un asistencialismo clientelista en Uruguay.