Las comisiones unidas de Justicia y de Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 94, 97, 99, 100, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación.

Por la Comisión de Puntos Constitucionales se emitieron 22 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones. En la de Justicia, 19 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.

Aprobado en lo general y en lo particular, el dictamen se remitió a la Mesa Directiva para su programación legislativa.

El documento refiere que estas modificaciones buscan fortalecer a la SCJN como Tribunal Constitucional, asegurar la supremacía de la Ley Fundamental; impedir que los Poderes rebasen la competencia y atribuciones que expresamente les señala la propia Constitución, y materializar la protección real de los derechos humanos.

Combatir la corrupción, el nepotismo y el acoso, dotando al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de mayores facultades para tomar medidas cautelares y acciones contra los integrantes del Poder Judicial que desvirtúen sus funciones; impulsar la carrera judicial, a través de una escuela de formación para jueces, magistrados, secretarios, defensores públicos y asesores jurídicos son otros objetivos de la reforma.

También busca garantizar la paridad de género; indica que es necesario corregir el desequilibrio en la proporción de hombres y mujeres que integran el Poder Judicial Federal, ya que, en la actualidad, alrededor de 80 por ciento de los jueces y magistrados son hombres, así como romper estereotipos y barreras para que la participación de las mujeres en la carrera judicial sea paritaria.

Además, contar con una defensoría pública a la que la población pueda acceder con la confianza y certeza de que se defenderán sus derechos de manera profesional.

Se crea un sistema novedoso adoptando el sistema de «Precedentes Judiciales», se depuran las Controversias Constitucionales, al tiempo que se amplía como hipótesis de procedencia a las omisiones, que pueden ser de cualquier orden, siempre y cuando se imbriquen en problemas constitucionales.

Amplía la facultad de promover controversias constitucionales a Órganos Constitucionales Autónomos Locales; fortalece la declaratoria general de inconstitucionalidad; restringe la procedencia del Recurso de Revisión en Amparo Directo, y elimina la posibilidad de impugnar los acuerdos del Presidente cuando determina desechar un recurso de esta clase.

Además, se eliminan los Tribunales Unitarios de Circuito y son sustituidos por los Tribunales Colegiados de Apelación y los Plenos de Circuito, los cuales son suplidos por los Plenos Regionales; cambia la denominación de “Contradicción de Tesis” por el de “Contradicción de Criterios”; elimina el Recurso de Revisión Administrativa del que conoce la Suprema Corte y se concede tal facultad al Consejo de la Judicatura Federal.

Asimismo, se fortalece la facultad reguladora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en lo que se conoce como “Facultad Autorreguladora”.

De igual forma, se modifican los mecanismos de inamovilidad judicial y amplía la aplicación de la Carrera Judicial. Queda sustituida la denominación del “Instituto de la Judicatura Federal” por el de “Escuela Federal de Formación Judicial” y queda eliminada la facultad de la SCJN para revocar los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal.

Se eleva a rango constitucional el Instituto Federal de Defensoría Pública, lo que fortalece su autonomía; tanto los defensores públicos como los asesores jurídicos formarán parte de la carrera judicial.

La diputada Aleida Alavez Ruiz, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que se fortalece a la SCJN, además de que se acerca la justicia a toda la ciudadanía. “Hablar de justicia es una asignatura pendiente con el pueblo de México. Al día de hoy, nuestro país se encuentra en el lugar 60 de 69 países en el Índice Global de Impunidad”.

“Debemos responder al reclamo de la sociedad para construir un México con justicia. Esperamos que esta reforma no solamente transforme al Poder Judicial, sino a todas las instituciones del Estado y los operadores jurídicos”, subrayó la diputada Alavez Ruiz.

Por su parte, la diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia, dijo que votaría en abstención. Indicó que la transformación de un Poder supone la posibilidad de ajustar los equilibrios y límites que definen su actuación, pero también el peligro de que los otros dos tengan un margen de acción más amplio, incurriendo en un desequilibrio, lo cual implica un riesgo para el sistema de pesos y contrapesos.

A su vez, la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (Morena) manifestó su preocupación sobre el tema de la paridad, por lo que solicitó que se garantice plenamente. Informó que presentará reservas para el caso de que se apruebe en sus términos y se pronunció por acompañar la reforma con presupuesto suficiente.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (MC) dijo que la reforma tiene aspectos que van contra el espíritu democrático y debilitan el Pacto Federal al acotar las posibilidades de los estados y municipios para presentar controversias constitucionales; además, “da un empoderamiento irracional al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) señaló que es un dictamen integral que reconoce al Poder Judicial de la Federación como institución democrática y plural interesada en establecer acciones afirmativas en favor de las personas; garantiza la paridad entre los géneros y establece la profesionalización de las y los impartidores de justicia. Adelantó que presentará una reserva en materia de la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Corte.

La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (MC) destacó que la reforma tiene aspectos que impactan a las entidades federativas, municipios y poderes judiciales locales, por lo que se debe considerar la opinión de esas autoridades. “Este proceso es susceptible a perder legitimidad y seriedad, surgen dudas serias sobre la ambigüedad del texto en algunas partes y la prisa con que las fuerzas mayoritarias desean legislar un tema que merece detenimiento, cálculo, prudencia”.

Del PRI, el diputado Enrique Ochoa Reza expresó su voto a favor porque contribuirá a mejorar el sistema de justicia. Añadió que corresponde al Legislativo discutir y enriquecer propuestas para la legislación secundaria. Manifestó su apoyo al tema de la carrera judicial, la incorporación del principio de paridad y elevar a rango constitucional la escuela de formación judicial. A pesar del alcance de la reforma, no se otorgan recursos adicionales, aseguró.

El diputado Silvano Garay Ulloa (PT) dijo que la reforma contribuye al mejoramiento del sistema judicial. Es una ampliación de derechos, combate la corrupción y se avanza en el principio de equidad de género.

El diputado Alejandro Viedma Velázquez (Morena) se manifestó a favor porque fortalecerá y actualizará el ingreso, permanencia y remoción de personal; busca el fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional y transforma la defensoría pública en favor de los más desamparados.

También de Morena, el diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses destacó que incluir el principio de la paridad de género es un acierto porque aporta la visión feminista en la carrera judicial. Refirió que es de suma importancia el tema de la defensoría pública porque ha estado olvidada, no se toma en cuenta y hoy se fortalece con un Instituto Federal.

A su vez, el diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) comentó que “es una anomalía que un tribunal de apelación esté integrado por una sola persona y durante muchísimos años esa fue la costumbre mexicana”, lo que favoreció a la corrupción y por ello se busca terminar con tribunales unitarios. Además, plantea evitar que los poderes locales vayan a la Corte en controversias sobre cuestiones de legalidad, porque eso lo deben resolver los tribunales de los estados y no la Suprema Corte.

la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García (Morena) afirmó que el dictamen da un piso jurídico para perfeccionar el sistema judicial hacia los más altos estándares del derecho haciéndolo accesible a la ciudadanía. Agregó que finalmente se logrará transformar a la SCJN, pero es un reto para continuar mejorándolo.

La diputada Ana Ruth García Grande (PT) consideró que existe “la inmejorable posibilidad de aportar y contribuir a dar más precisión a temas” como evitar la concentración del poder en la cúpula judicial; vincular las resoluciones administrativas para que los gobernados vean sus efectos y que el nombramiento del personal sea por concurso. Adelantó que si no se permite la incorporación de esos temas formulará las reservas correspondientes.