En el marco del ciclo de Conferencias Magistrales 2022 del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, la doctora Catalina Pérez Correa, profesora investigadora de la División de Estudios Multidisciplinarios del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dictó la conferencia “Reflexiones sobre las políticas de drogas y su impacto en la seguridad nacional”.
Al dar la bienvenida, la Secretaria General, Graciela Báez Ricárdez, dijo que el esfuerzo por capacitar al equipo técnico de la Cámara de Diputados es primordial para fortalecer al Poder Legislativo y lograr un equilibrio con el Ejecutivo.
Expresó que “su tarea es brindar apoyo a las y los diputados para ejercer su labor y cumplir con su tarea de legislar y la de control del Ejecutivo”.
La doctora Catalina Pérez Correa mencionó que la política de drogas está basada en su prohibición y criminaliza las conductas relacionadas con algunas sustancias ilícitas y que históricamente esa prohibición no se ha justificado como tema de seguridad o protección de las fronteras, sino como un tema de protección a la salud.
Con la estrategia, “el Estado mexicano, involuntariamente, generó un mercado negro donde las organizaciones criminales han prosperado y respondió mediante un despliegue de fuerza intenso, lo que ha contribuido a una escalada de violencia sin precedentes”, enfatizó.
Las drogas, expresó, son un problema de salud, no de seguridad y la política de drogas se basa en una estrategia que fortalece a los grupos de delincuencia organizada y provoca mayores mercados e inventivos para cooptar a las autoridades y quita al Estado la rectoría económica de este rubro.
La economía de drogas ha sido muy importante por mucho tiempo y el Estado no tiene control de ese mercado. Debería dar una verdadera protección a la salud invirtiendo recursos para tratamientos seguros y voluntarios, así campañas de prevención.
Además, dijo, “estamos en un limbo legal” porque la Corte ha declarado inconstitucionales algunos artículos de la Ley General de Salud, en el tema de cannabis, y ha dado plazos al Legislativo para que lo regule y no se ha hecho. “Por una parte, es inconstitucional, pero siguen persiguiendo y sancionando por cuestiones relacionadas a esta sustancia” y se ha generado un sistema muy desigual de aplicación de leyes de drogas.
Subrayó que la prohibición es una mala política de control en todos los sentidos: no protege la salud, quita rectoría y control al Estado, dándoselo a los grupos de delincuencia organizada que amenazan la soberanía y la seguridad nacional.