El 63% de la niñez mexicana tiene algún tipo de carencia; en poblaciones indígenas asciende al 88%. Esto se traduce en rezago y ciclos de pobreza que se perpetúan con los años.

Más que el futuro de México, las infancias representan un presente amplio y diverso: una de cada tres personas en nuestro país es menor de edad. Serán más de 38 millones de infantes (19.6 millones de varones y 18.4 millones de mujeres) quienes conmemorarán el Día Internacional del Niño y la Niña en una época en la que un virus los exilió de salones y patios de juego.

En ese contexto, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla ha emprendido la celebración de la primera Semana de los derechos de la niñez. La serie de foros, organizada en colaboración con el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la Ibero Puebla, busca impulsar la alfabetización de los menores en materia jurídica y de garantías individuales.

Los derechos de las infancias fueron reconocidos de manera internacional en 1989 en la Convención sobre los Derechos del Niño impulsada por la ONU. El texto establece la obligatoriedad y la responsabilidad compartida para el cumplimiento de estas garantías para los 195 países inscritos.

Como explicó Tania Sabugal Torres en el foro inaugural, los derechos de la niñez se rigen bajo cuatro principios fundamentales. El interés superior (seguridad, identidad, entorno familiar sano, educación), que contempla la protección de su integridad; la no discriminación, facultad llave para tener acceso a otras garantías; la participación y consideración activa de la misma, y el desarrollo personal en plenitud y dignidad.

Además del convenio internacional, México cuenta con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2014), así como una legislación particular a nivel estatal. Dichos códigos engloban derechos específicos relacionados con la vida, la prioridad, la igualdad sustantiva, la libertad y la intimidad, entre otros.

De viva voz

Un panel integrado por niñas y niños de primaria tomó la voz para comentar algunos temas que son de su inquietud. Erin Yaretzi, de seis años, habló acerca de las restricciones que sus papás le imponen en el uso de dispositivos electrónicos para navegar en internet. Por su parte, Valeria, de siete, compartió que su familia impulsa la libre expresión, mientras que en la escuela aprende reglas para convivir y comunicarse en grupo.

Los pequeños fueron alentados a reflexionar sobre temáticas complejas de carácter coyuntural. Nikté relató algunas experiencias de discriminación racial y de género que han vivido sus padres y ella e invitó al auditorio a manejarse en un ambiente de respeto hacia las diferencias. Posteriormente, Eliseo (ocho años) propuso jornadas de capacitación coordinada entre la CDH y la SEP para tener información sobre cómo actuar en caso de ser víctima de violencia.

También abordaron problemáticas como el trabajo infantil, la situación de menores sin hogar, la construcción de la cultura de paz y la seguridad en internet, al tiempo que destacaron la importancia de ser tratados con respeto, amor y dignidad. “Los niños no somos débiles por ser chiquitos. Nos pueden ayudar preguntándonos qué queremos para ser felices”, remató Valeria.

Infancia indígena

De acuerdo con el último censo del INEGI, 25.7 millones de personas se autoadscriben como indígenas; una de cada diez personas vive en hogares indígenas. Si bien los derechos de niñas, niños y adolescentes indígenas son los mismos que los del resto de las infancias, las múltiples vulnerabilidades que atraviesan sus vidas obligan a que existan esfuerzos jurídicos diferenciados.

La Convención sobre los Derechos del Niño incluye protocolos específicos para comunidades indígenas relacionados a la prostitución infantil, la participación en conflictos armados y para la presentación de denuncias. Los derechos son universales, indivisibles, interdependientes y protegidos por la ley, por lo que los Estados tienen la obligación de emprender acciones para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos.

Al respecto, Mónica Lara Pérez señaló que estas acciones se coordinan con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde se abordan garantías como la autodeterminación, el acceso a la educación en lenguas originarias, la libre práctica de la espiritualidad y el uso de recursos naturales.

Tal como lo manifestaron algunas pequeñas asistentes, las vulnerabilidades impactan de manera diferenciada a las niñas, quienes ven limitado su desarrollo al recibir imposiciones de labores domésticas y de cuidado. A su vez, el matrimonio infantil continúa como una de las mayores preocupaciones a nivel internacional, donde se pone en riesgo la salud física, sexual y psicoemocional de las menores.

A través de la Agenda 2030, la ONU pone al centro a las infancias como agentes de cambio en cuestiones medioambientales y de paridad de género. Lara Pérez ahondó en los objetivos que trastocan a los menores: se buscará reducir a la mitad los indicadores de pobreza, disminuir la mortalidad infantil en menores de cinco años y que todas las niñas y niños puedan concluir la educación primaria.

En el cierre de la segunda jornada, la Mtra. Saraí Santiago Rodríguez, directora de Educación Indígena de la SEP Puebla, celebró que las infancias indígenas tienen acceso a espacios de libertad y entendimiento, donde se estimula el respeto entre padres e hijos y la defensa de la naturaleza. “Cuando encuentren a un niño indígena, respétenlo y aprécienlo porque es un ser valioso”, exhortó a los más de mil infantes congregados en Facebook Live.