La nueva Ley General de Educación Superior (LGES) implica un compromiso social fundamental y un derecho humano garantizado por el Estado. Sin embargo, su puesta en marcha enfrenta retos ante la desigualdad educativa del país, y requerirá eficiencia en la elaboración de leyes secundarias, alertaron especialistas de la UNAM.

Durante la Mesa 2 de la Jornada de Análisis “La Ley General de Educación Superior”, organizada por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), Hugo Casanova Cardiel, director de esta entidad académica, dijo: la normatividad constituye un hecho de relevancia para la educación superior y es resultado de intensos trabajos del Poder Legislativo, autoridades educativas, universitarias y académicos que se conjuntaron para elaborarla.

Asimismo, destacó la representación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en el proceso para crear consensos en torno a la Ley, la cual garantiza cobertura universal y gratuidad.

En este contexto, expresó: la autonomía, que se protege en la LGES no constituye un privilegio de las instituciones, es un atributo que permite que las universidades cumplan con su responsabilidad social. “La autonomía no tiene solo como destinatarios a los investigadores o a los alumnos, su destinatario final es la sociedad”.

En el encuentro efectuado de manera virtual, Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho (FD), afirmó que la Ley garantiza el derecho humano a la educación y la obligación del Estado de impartirla.

La Unesco, el organismo especializado de las Naciones Unidas en la educación, ha sido precursora para considerarla como una garantía fundamental. “La obligación que genera el derecho humano a la educación es, en primer lugar, un gran compromiso social porque debe ser una obligación recíproca que indica que si me educan tengo la obligación de educar”, señaló.

Para Judith Pérez Castro, investigadora del IISUE, el reto estará en las leyes secundarias y en las políticas normativas, necesarias y complejas de alcanzar, y recordó que en México se registran diferencias educativas entre los estados, principalmente en el sur; por ejemplo, en Chiapas solo 12 por ciento de los alumnos acceden a este nivel educativo.

Armando Alcántara Santuario, también investigador del IISUE, subrayó que también hay desigualdad entre las instituciones de educación superior del país, porque mientras algunas son de excelencia, otras tienen carencias. Es importante considerar en la ley a las escuelas formadoras de docentes, área esencial para el buen desarrollo de la enseñanza superior.