La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, informó que ya está listo el proyecto de dictamen de la nueva Ley General de Catastros y Registros Públicos, que se prevé sea dictaminado en los próximo días.

En un comunicado, indicó que este ordenamiento legal dará certeza jurídica a los propietarios de predios e inmuebles de todo el país, porque armoniza y homologa los catastros y registros públicos inmobiliarios y de personas morales.

Alavez Ruiz, coordinadora de la Subcomisión para la Creación de la Ley General en Materia de Armonización y Homologación de los Catastros y Registros Públicos, encargada de elaborar el proyecto de ley, expresó su expectativa de que antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones se presente al Pleno de la Cámara de Diputados.

Entre los objetivos de esta ley general, dijo, están homologar criterios, mejores prácticas y uso de las nuevas tecnologías de la información, es decir, “pasar de la máquina de escribir y papel carbón a la digitalización de los expedientes porque, aunque parezca increíble, en muchas oficinas regionales todavía trabajan así. Vamos a pasar del papel a la digitalización”.

Señaló que se prevé un plazo razonable para realizar un inventario real y confiable de los bienes inmuebles públicos y privados del país, porque el actual permitió que en sexenios anteriores se perdieran cientos de juicios por carecer de un registro real, lo que, aunado a la corrupción, permitió que, por ejemplo, muchos hoteleros se hicieran de grandes extensiones de terrenos por esta deficiencia.

“En el proyecto de la nueva ley se da certeza a los particulares sobre la propiedad de sus bienes inmuebles, y al mismo tiempo será una herramienta para combatir la evasión de impuestos, y evitar casos como el de Diego Fernández de Cevallos, quien debe por lo menos 900 millones de pesos por adeudos al predial desde 1993″, manifestó.

Explicó que durante un año se trabajó en la elaboración de esta ley que incluye en las propuestas presentadas en nueve foros regionales en los que participaron autoridades federales, locales y municipales, así como de asociaciones de notarios públicos y de los institutos Nacional de Registros Públicos y el Nacional de Catastros, entre otros.

Aseguró que en el predictamen se privilegió una norma que fortalezca el federalismo, a fin de acentuar las facultades de cada orden de gobierno que plantea los criterios y datos básicos que se deben considerar en los catastros y registros públicos para identificar los catálogos de predios.

“La propuesta de ley es un instrumento consolidador del catastro que permita cumplir los fines de identificación, ubicación y uso del inmueble para los diferentes propósitos de la administración pública, tales como prestación de servicios públicos, planeación, desarrollo urbano y regularización de la tenencia de la tierra, entre otros», argumentó.

Refirió que, de acuerdo con el Inegi, el inventario de inmuebles inscritos en los catastros municipales es de casi 18 millones, es decir, 50% de lo que tiene censado, “lo que ha permitido una millonaria evasión de impuestos”.

Recalcó que esta ley no tiene como propósito emitir criterios que se relacionen con la recaudación del impuesto predial, ya que ésta es una facultad constitucional de los municipios. Es decir, esta norma no podrá influir en la forma en que se fijan las tablas de valores unitarios del suelo.

“Aspiramos construir un ordenamiento que fomente la cultura de la legalidad y del Estado de derecho, que homologue criterios, mejore prácticas y uso de las nuevas tecnologías de la información que permitan reducir la brecha de desarrollo entre las distintas regiones del país», externó.

Para concluir, explicó que la subcomisión que coordina, y que forma parte de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), organizaron los foros de consulta con las autoridades de catastro y registro públicos de las 32 entidades federativas.