La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Olga Luz Espinosa Morales, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una propuesta con punto de acuerdo para exhortar a los tres órdenes de gobierno que informen sobre el uso y resultados obtenidos con el gasto asignado este año en el Anexo 13, concerniente a “igualdad entre mujeres y hombres”, ya que análisis advierten de rezagos inaceptables cuando se habla de un presupuesto que ha ido en ascenso.

En un comunicado, señaló que, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, en 2018 se aprobaron 47 mil 918.4 millones de pesos (mdp) para el Anexo 13 (que representó 1.3 por ciento del Gasto Programable total), y para 2023 la cifra creció a 348 mil 362.4 millones de pesos lo que significa 5.8 por ciento del Gasto Programable; sin embargo, sólo se ven los retrocesos que se recrudecieron con la pandemia del Covid-19.

Espinosa Morales solicitó a la Comisión Permanente llamar a las dependencias y entidades con programas dirigidos a mujeres, y con atribuciones para lograr la igualdad de género, así como entidades federativas y municipios que reciban recursos etiquetados incluidos en el Anexo 13, para que comuniquen resultados al cierre del segundo trimestre de 2023.

Denunció que el “Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022, contexto económico y social de 2018 a 2022 y niveles de pobreza”, evidencia un incremento sustantivo en las tareas domésticas y cuidados en un entorno de pandemia por Covid-19, dejando fuera a las mujeres de su legítimo derecho a un empleo remunerado.

De igual manera, en los últimos cinco años se ha negado acceso a la atención médica o medicamentos y apoyos de programas sociales a la población de 18 años y más, sin dejar de lado que la violencia contra la mujer aumentó el 70.1 por ciento en 2021, de acuerdo con el Inegi.

Asimismo, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que las llamadas de emergencia presentaron un incremento de162 por ciento a marzo de 2020, respecto al mismo periodo del año anterior.

En ese mismo año, las mujeres en situación de pobreza “moderada” se incrementaron de 35.9 por cada cien, a 44.4 por cada cien; pero las que viven en la miseria crecieron en 8.5 por ciento tras la pandemia.

“Entre 2018 y 2020 el rezago educativo, la falta de acceso a la seguridad social de calidad, a espacios de vivienda y a los servicios básicos, así como a la alimentación nutritiva y de calidad, más la imposibilidad de ingresar a los servicios de salud, aumentaron”.

A pesar del presupuesto “favorable”, añadió, se sabe que de 109 programas de gobierno sólo 94 tienen recursos federales aprobados y 15 se operan con dinero propio.

De los cinco más significativos en el Anexo 13, la autoridad considera “prioritarios” en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024:

• Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (193 mil 424.6 mdp).

• Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez (18 mil 777.2 mdp).

• Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez (27 mil 818 mdp).

• Jóvenes Construyendo el Futuro (11mil 143 mdp).

• Sembrando Vida (11 mil 883.7 mdp).

Y pese a que la ley define claramente a las entidades públicas informar puntualmente el destino de los recursos, lo cierto es que el Coneval ha diagnosticado que las brechas de género persisten en el grupo históricamente catalogado como “discriminado” y se han ampliado en los últimos años.

Además, queda claro que los programas pilares de la política social están direccionados para atender derechos sociales de la población, más que empoderar a las mujeres.

Advirtió que, de los estudios revisados, en ninguno se anotan los recursos previstos en la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y de atender las necesidades de mujeres y hombres en los diferentes contextos, de manera equitativa, buscando cerrar cualquier brecha socialmente construida que pudiera existir entre ellos.

Por ello, finalizó la diputada, esta proposición pretende promover la transparencia en el manejo de los recursos para posibilitar la evaluación del impacto de la inversión pública en la calidad de vida de las mujeres, y contribuir a la rendición de cuentas, al desagregar por sexo y entidad la información presupuestal. (RZJ)

Foto: Cámara de Diputados