La Comisión de Desarrollo y Bienestar Social pide fomentar la cultura de la denuncia de este tipo de agresiones.

La Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, que preside la senadora Elvia Marcela Mora Arellano, aprobó un dictamen para exhortar a las instancias federales correspondientes a llevar a cabo campañas para prevenir y concientizar sobre la violencia hacia las personas adultas mayores.

Senadoras y senadores consideraron que esta tarea debe ser realizada por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, la Secretaría de Gobernación y sus homologas en las entidades federativas, quienes deberán informar, orientar y sensibilizar a la población sobre el valor y respeto a los derechos de este sector de la población.

Al mismo tiempo, señalaron, se tiene que fomentar la cultura de la denuncia de este tipo de agresiones, así como los efectos negativos en la sociedad.

Otro de los dictámenes aprobados en la Comisión, busca exhortar a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, del ámbito federal y del estado de Morelos, a que vigilen los servicios que ofrecen los albergues enfocados a atender a las y los adultos mayores.

Dichas instituciones tienen atribuciones para prestar servicios de asistencia social a este sector de la población, así como dar seguimiento a los establecimientos donde se ofrecen tales servicios, pero, consideraron los legisladores, la responsabilidad directa en la entidad recae en el DIF estatal y la Secretaría de Salud de Morelos.

En otro resolutivo aprobado, la Comisión pretende que las entidades de asistencia social aseguren la protección de grupos sociales vulnerables durante la pandemia.

Los integrantes de este órgano legislativo destacaron que el escenario social por el que atravesamos hace particularmente vulnerables a grupos específicos como las personas adultas mayores, por ello, se deben mantener los programas de apoyo alimentario y extremar la protección de este sector de la población.

Además, aprobaron dos dictámenes enfocados a la población con discapacidad: uno para solicitar al Ejecutivo Federal que nombre al Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Y uno más, para exhortar a los congresos de las 32 entidades federativas a armonizar sus leyes, a fin de que se respeten los derechos y la independencia de quienes integran ese sector, y evitar que la tutela sirva para imponer la voluntad del tutor de una persona con discapacidad.