En el foro «La cooperación en el derecho penal y su rol en un sistema penal garantista», especialistas y legisladores consideraron que se deben impulsar mecanismos jurídicos para encontrar la verdad, pero sobre todo reparar de manera integral el daño a las víctimas del delito.

Durante el evento que se llevó a cabo a distancia, destacaron que es necesario promover figuras como “la cooperación eficaz”, a fin de asegurar el respeto a los derechos humanos, el acceso a la justicia y la verdad.

Al inaugurar el foro, la senadora María Celeste Sánchez Sugia afirmó que la aplicación sistemática de una política criminal orientada al incremento de la sanción penal, como solución a la lucha contra la corrupción, la delincuencia y el crimen organizado, sólo ha provocado el incremento de impunidad e inseguridad en el país.

La legisladora de Morena dijo que figuras como la cooperación eficaz o los beneficios por cooperación, deben ser abordados en el marco de un sistema penal garantista, toda vez que existe la necesidad de respetar los derechos humanos, la búsqueda de la verdad y la reparación de daño.

“El debate que hoy abrimos tiene el objetivo de avanzar hacia un sistema penal garantista, centrado en encontrar la verdad, reparar integralmente a las víctimas y la búsqueda de mecanismos para restablecer los derechos de quienes se vean afectadas o afectadas por una conducta delictiva, a fin de que el derecho cumpla el propósito de restablecer el orden social, subrayó.

En su intervención, Citlalli Hernández Mora, senadora con licencia, dijo que es necesario transitar de un sistema punitivo, a uno penal garantista que permita acceder a la igualdad en términos concretos.

Por ello, agregó, es necesario hablar de los beneficios de cooperación de un sistema penal garantista, lo que significa eliminar o reorientar el rol de la figura jurídica patriarcal actual y convertirlo en un protector de derechos de todas y todos.

Señaló que es común que en el imaginario colectivo se conciba la idea de que la justicia no existe, por lo que es fundamental escuchar a los expertos para dar un giro a la realidad jurídica que viven las y los mexicanos, “considerando que vivimos en un país donde hay miles de desaparecidos y feminicidios”.

A su vez, Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo que México encara una vuelta a un derecho penal de garantías y a un sistema penal “medianamente positivo”.

Negó que nuestro país sea un Estado fallido, pero consideró que sí se trata de un Estado agredido y debilitado por el narcotráfico y por el poder punitivo informal, que ha desaparecido a más de 70 mil personas.

Ante esta situación, señaló que el Estado mexicano debe recuperar el monopolio del ejercicio del poder público, así como generar medidas de cooperación eficaz, para eliminar al poder punitivo informal.

La abogada argentina, Natalia Salvo expresó que desde el capitalismo se busca utilizar la ley y flexibilizar las garantías constitucionales en el proceso penal, al punto de hacer una justicia negociada y convertir el derecho en un instrumento de opresión.

Dijo que utiliza todos los dispositivos a su alcance para poder perpetrarse, “y la ley penal no es una excepción”. El derecho, indicó es un territorio en disputa, por lo que “debemos defender que la garantía es un elemento inherente al derecho en general”.