El Centro de Derechos Humanos «Zeferino Ladrillero» aplaudió la designación de la doctora Loretta Ortíz como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

«Nos complace su perspectiva a favor de los derechos humanos y el combate a la corrupción en el máximo circuito jurídico de nuestro país. Enhorabuena..!», afirmó en un mensaje colocado en tuiter.

El abogado José Antonio Lara Duque, cofundador del colectivo, advirtió que la impunidad, corrupción y los bajos índices de enjuiciamiento se han mantenido con una frecuencia alarmante para todos los delitos, incluidos los abusos contra las garantías individuales.

Por ello, reconoció que el arribo de la jurista Loretta Ortíz garantiza una reforma al interior del Poder Judicial para evitar actos de corrupción, nepotismo y aplicación de la perspectiva de derechos humanos de manera transversal.

“Nos complace saber que hay un avance en la perspectiva a favor de los derechos humanos y el freno a la corrupción que se impulsa al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de manera particular de las personas más vulnerables”, expresó.

La doctora Loretta Ortíz ha manifestado su intención por combatir la corrupción y llevar a cabo una política transversal en materia de derechos humanos al interior de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal.

En este sentido, Lara Duque reprochó, por ejemplo, el proceso lento sobre la amnistía mexiquense donde «se han detectado obstáculos burocráticos innecesarios que impiden que las personas con escasos recursos opten por ser beneficiadas por la amnistía”.

“Existe una resistencia muy poderosa en las diversas entidades del país, porque se pone en riesgo una serie de cofradías al interior del Poder Judicial de cada entidad que es necesario cambiar”, subrayó.

Fotos: Senado

Agregó que tal sólo en el estado de México, “el gobernador Alfredo del Mazo Maza y titular del Poder Judicial mexiquense rechazan en admitir que hay personas injustamente presas por atropellos que el sistema judicial ha solapado”.

“Hay un grupo de unas 50 personas que cumplen los requisitos que expone la Ley de amnistía que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero inconcebible siguen en prisión ante el vericueto administrativo”, sostuvo.