El arresto, sin oponer resistencia, del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en el sureño puerto de Málaga, España, lo enfrenta ahora al proceso de extradición al que podría allanarse o bien seguir el juicio en busca de que la petición de las autoridades mexicanas sea rechazada.

El caso se asemeja al de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) y presunto cómplice de Lozoya, detenido en Mallorca, también en España, el 28 de mayo de 2019.

Lozoya fue titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el sexenio del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto luego de asesorarlo en materia internacional durante su campaña proselitista. Está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ancira, por su parte, fue detenido en mayo de 2019 en el aeropuerto de Palma de Mallorca, a unos 600 kilómetros de Madrid, por agentes de la Interpol, a partir de una investigación de la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera mexicanas.

Las indagaciones lo relacionan con transferencias irregulares entre la constructora brasileña Odebrecht y Pemex, cuando el director de esta era Lozoya.

Tras su detención en mayo, Ancira ingresó en prisión desde donde rechazó su entrega ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, abriéndose el proceso de extradición.

Corresponde a la Audiencia Nacional española el trámite de las peticiones de cooperación jurídica internacional de otros países. Aplica los procedimientos de extradición o la Euroorden, esta únicamente para naciones de la Unión Europea (UE), explica el sitio especializado Confilegal.

En junio Ancira solicitó seguir su proceso de extradición en libertad, lo que le concedió el juez bajo fianza de un millón de euros (poco más de un millón de dólares), para quedar en libertad el 1 de julio, cuando depositó dicha cantidad.

A mediados de julio, en la etapa gubernativa, el Consejo de Ministros de España recibió la solicitud formal mexicana para extraditar a Ancira, la cual aprobó y remitió al Juzgado Central de Instrucción 1 para que siga su curso en la llamada fase judicial.

El primer paso, de acuerdo al artículo 12 de la Ley española de Extradición Pasiva, fue la audiencia en la cual Ancira debía pronunciarse por acceder o rechazar la extradición, y escogió el segundo curso.

Luego el expediente llegó a la Sala de lo Penal que prosigue los procedimientos, que concluirán con la aprobación o rechazo de la extradición. Al fin de esta etapa la decisión puede ser recusada si es aprobtoria ante el pleno de la Sala de lo Penal.

Si la decisión judicial es de rechazo a la extradición, el gobierno debe denegar la entrega ya que la determinación es vinculatoria, pero si es aprobatoria el Consejo de Ministros toma la decisión final.

En tanto corre todo ese proceso, Ancira tiene que comparecer en el juzgado cada dos días, le fue retirado el pasaporte, tiene prohibido de salir de España y debe portal un brazalete electrónico.

El procedimiento que escoja Lozoya se espera se defina hacia fines de esta semana.