Ante las más de 100 mil personas en México que se encuentran calificadas como desaparecidas, es urgente que el Estado garantice su debida búsqueda, localización e identificación, así lo refirió el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.

«Es prudente que los integrantes del Congreso de la Unión actúen para garantizar que cada una de ellas sea buscada hasta encontrarla; la desaparición, en particular la forzada, es uno de las más graves violaciones a los derechos humanos, y vulnera no sólo a las víctimas sino a su entorno familiar, además, crea incertidumbre y terror sobre el paradero o suerte de las víctimas”, señaló.

El abogado José Antonio Lara, integrante del colectivo, afirmó que víctimas y familiares deben tener el respaldo del Estado mexicano para garantizar una búsqueda eficaz e inmediata hasta saber su paradero, “ya que toda persona tiene derecho a ser buscada y su familia a tener el respaldo total del Estado”.

El abogado acotó que entre 1964 y hasta el 31 de mayo de 2022, hay registro de 100 mil 447 personas desaparecidas y no localizadas en el país, de las cuáles el 83.7% ocurrió en los últimos 16 años, esto de acuerdo a cifras oficiales.

Tan solo entre 2006 y mayo de 2022, las diez entidades que han registrado el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas son Jalisco con 13 mil 339, Tamaulipas con 10 mil 594, estado de México con 6 mil 387, Nuevo León con 5 mil 913, Sinaloa con 5 mil 112, Sonora con 4 mil 161, Michoacán con 4 mil 100, Veracruz con 3 mil 961, ciudad de México con 3 mil 501 y Coahuila con 3 mil 287, que en su conjunto representan 71.8% del total de los registros.

Recordó que integrantes del Comité de la ONU recomendaron que la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales cuenten con los recursos necesarios para cumplir adecuadamente con sus funciones y atender la crisis forense que se manifiesta en la existencia de más de 52 mil personas fallecidas hoy, sin identificar.

Explicó que el Estado debe comprometerse a garantizar una debida búsqueda, localización e identificación, haciendo uso de las instituciones y mecanismos, y por ello es necesario adecuaciones del Poder Legislativo.

“Es fundamental garantizar el derecho de toda persona desaparecida a ser buscada, con acciones concretas de las instituciones del Estado, con capacidad sin límite para encontrar su paradero y responder al derecho de la vida, la verdad y justicia”, explicó.