La semana pasada más de 60 personas fueron llevadas a juicio por su participación en las protestas nacionales del año pasado.

Los manifestantes detenidos en Cuba podrían recibir sentencias de hasta 30 años de cárcel al enfrentar los juicios masivos más numerosos y punitivos realizados en la isla desde los primeros años de la revolución.

Los fiscales enjuiciaron a más de 60 ciudadanos y los acusaron de crímenes que incluyen sedición y participación en manifestaciones contra la crisis económica del país durante el verano, comentaron activistas de derechos humanos y familiares de los detenidos.

Entre los procesados de la semana pasada hay al menos cinco menores de edad, algunos de 16 años. Se encuentran entre los más de 620 detenidos que han enfrentado juicio o ya tienen fecha para ser enjuiciados por unirse al mayor estallido de descontento popular contra el gobierno comunista desde que se instaló en el poder en 1959.

La severidad de los cargos forma parte de un esfuerzo del gobierno para disuadir nuevas expresiones públicas de descontento, según dijeron los activistas. La represión también acabó con las esperanzas de una liberación gradual durante el mandato del presidente Miguel Díaz-Canel quien, en 2018, remplazó al hermano de Fidel Castro, Raúl, convirtiéndose en el primer líder que gobierna Cuba sin pertenecer a la familia Castro desde 1959.

Lo que rige es el imperio del miedo”, dijo Daniel Triana, un actor y activista cubano que fue detenido brevemente después de las protestas. “La represión aquí no mata directamente, pero condena a elegir entre cárcel y exilio”.

Durante seis décadas, Cuba ha vivido bajo embargo comercial estadunidense.

El 11 de julio estalló una protesta inesperada en la isla, donde miles de personas —muchas provenían de los barrios más pobres del país— marcharon en ciudades y pueblos para denunciar la debacle inflacionaria, los cortes de energía y el empeoramiento de la escasez de alimentos y medicamentos.

Las escenas de descontento masivo, que se viralizaron en redes sociales, destrozaron la idea promovida por el liderazgo cubano de que el apoyo popular al Partido Comunista se mantiene, a pesar de las dificultades económicas.

Después de la sorpresa inicial, el gobierno envió unidades militares para sofocar las manifestaciones. Más de mil 300 personas fueron detenidas, según la organización de derechos humanos Cubalex y Justicia 11J, un grupo de trabajo sobre las detenciones por motivos políticos que agrupa a organizaciones de la sociedad civil cubana.

En el pasado, las medidas represivas en la isla solían enfocarse en grupos relativamente pequeños de activistas políticos.

Ahora, por primera vez en décadas, los juicios masivos que comenzaron en diciembre están dirigidos a personas que, en gran medida, no participaban en política antes de salir de sus hogares para unirse a las multitudes que exigían cambios, dijeron historiadores y activistas.

Yosvany García, un soldador de 33 años, no había participado en protestas ni tenía problemas con la ley, dijo su esposa Mailin Rodríguez. El 11 de julio fue a su casa para almorzar, desde su taller en Holguín.

Pero, cuando regresaba al trabajo, se encontró con una multitud que exigía un cambio político, dijo Rodríguez. Impulsado por el insoportable costo de la vida, García se unió a la marcha, dijo.

El hombre fue golpeado por la policía que disolvió la manifestación ese día, pero en la noche regresó a casa con su esposa.

Cuatro días después, fue acorralado por los oficiales afuera de su casa y lo trasladaron a la cárcel.

La semana pasada, García fue acusado de sedición junto con otros 20 manifestantes, incluidos cinco adolescentes de 17 y 16 años, la edad mínima de responsabilidad penal en Cuba.

Fuente: Excelsior