La Lotería Nacional y el Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) deben informar al Congreso de la Unión los pormenores del sorteo en especie que se celebrará el próximo 15 septiembre, señaló el Grupo Parlamentario del PRI.

La bancada cuestionó la legalidad del sorteo de 22 premios en especie, en virtud de que viola los mecanismos establecidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Ante la duda jurídica, mediante un punto de acuerdo presentado pidió que las citadas instancias envíen a la Comisión Permanente un informe de los bienes que serán sorteados en septiembre y el sustento legal para que inmuebles sean encomendados para su traspaso a la Lotería Nacional.

“Es indispensable señalar que no se critica en forma alguna la intención de trasladar al pueblo de México lo que pudieran haber tenido un origen criminal de forma mediante un sorteo, y que en el proceso se puedan obtener recursos públicos. Lo que buscamos es que el procedimiento se haga correcto y transparente; que la autoridad pueda hacer única y exclusivamente aquello para lo que está facultada”, expuso en un comunicado.

Agregó que la ley en cuestión ordena como medio legal de traspaso de bienes la donación, licitación, subasta, remate o adjudicación, nunca una rifa, por lo que una eventual entrega de premios, cuya propiedad está en manos del Indep, pudiera ser declarada nula si los propietarios originarios de esos bienes o quienes les representen jurídicamente, impugnan tal proceso, lo que representaría un descrédito jurídico mayor para la Lotería Nacional.

El PRI puntualizó que la ley que regula los procedimientos del Indep no contempla los sorteos o las rifas como un medio legal de transferencia de bienes que se encuentren en posesión del Gobierno federal, tampoco puede encomendar a terceros la enajenación o destrucción de éstos.

En la rifa anunciada para el próximo 15 de septiembre concursan ocho casas habitación, siete departamentos, cinco terrenos, un rancho y un palco en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, considerado un premio especial, su uso es hasta el año 2065 e incluye mantenimiento por 10 años, recordó el grupo parlamentario.

La bancada concluyó que un sorteo público, cuyos beneficios dependen de la venta de boletos, no es un procedimiento que asegure las mejores condiciones de enajenación de bienes, y el mayor valor de recuperación posible y buenas condiciones de oportunidad.