Este miércoles se dio a conocer que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, fue detenido en España, y que el Gobierno de México iniciará de inmediato los trámites de extradición del funcionario en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Emilio Ricardo Lozoya Austin estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard.

Lozoya Austin, quien es originario del estado de Chihuahua, fue capturado en Málaga, España, luego de que un juez federal giró orden de aprehensión en su contra.

El exdirector de Pemex, a quien se le acusa de múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, nació el 8 de diciembre de 1974 y es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Fue oficial de inversiones en la corporación Interamericana de Inversiones, del Banco Interamericano de Desarrollo, de 2003 a 2006, y director del Foro Económico Mundial para América Latina en el periodo 2006 a 2009.

Lozoya Austin participó en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto como coordinador de vinculación internacional, y fue director general de Pemex de diciembre de 2012 a febrero de 2016.

Recientemente la Secretaría de la Función Pública confirmó la inhabilitación por 10 años de Lozoy, «resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que proporcionó información falsa en la declaración patrimonial y en dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos».

Al exdirector de la empresa productiva del Estado también se le señala de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

En este contexto, la Secretaría de Hacienda confirmó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incluyó en la “lista de personas bloqueadas” a Lozoya y a la persona moral Altos Hornos de México (AHMSA) “conforme a derecho” y con la cual reafirma política de “cero tolerancia a la corrupción”.