El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva señaló hoy que está de vuelta y que tiene más coraje «para luchar que cuando me fui de aquí”, al reunirse con miles de militantes del Partido de los Trabajadores (PT), en el sindicato de los metalúrgicos en Sao Paulo.
Con un duro discurso contra los fiscales encargados de la investigación de Lava Jato, el ministro de Justicia, Sergio Moro, y el presidente brasileño Jair Bolsonaro, Lula da Silva retornó al lugar en el que en abril de 2018 pronunció un mensaje, antes de entregarse a la policía para ser llevado a prisión.
Aseguró que durante el tiempo que estuvo encarcelado en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, en el estado de Paraná, se preparó para no buscar venganza, pues quería probar que podía dormir con la conciencia tranquila, mucho más que las personas que lo llevaron a prisión.
Lula aseveró que pudo haber escapado del país o haber pedido asilo en alguna embajada, pero habría sido tratado como un fugitivo, por lo que decidió enfrentarse a las «fieras» a fin de demostrar su inocencia y probar que Moro no era un juez, sino «un canalla».
En ese entonces, Moro fue el juez que condenó al exgobernate a purgar una condena de ocho años y 10 meses por el caso del «triplex del Guarujá» por corrupción y lavado de dinero, lo que le allanó el camino a Jair Bolsonaro al presidencial Palacio de Planalto.
Lula señaló que Bolsonaro siempre tuvo el temor de perder los comicios presidenciales de 2018 si contendía con él, por eso se apoyó en Moro y en «fake news».
Bolsonaro fue electo democráticamente para gobernar al pueblo brasileño, sin embargo, promueve un proyecto económico que empobrecerá más a la población, que ahora tiene menos servicios de salud y menos empleos, aseveró.
Pronosticó que en 2022, la izquierda que tanto teme Bolsonaro derrotará en la urnas a la ultraderecha, por lo que está dispuesto a volver a recorrer el país sudamericano.
El exgobernante brasileño (2003-2011) fue liberado la víspera al resultar beneficiado del fallo emitido el jueves por el Tribunal Supremo de Brasil, que determinó que la prisión de una persona condenada únicamente en segunda instancia es inconstitucional.