El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, rechazó que su propuesta para anular la elección de Puebla haya sido por presiones por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que el domingo por la noche hizo público el proyecto de resolución de las impugnaciones sobre los comicios del pasado 1 de julio, aseguró que la intención de difundir su determinación es precisamente evitar cualquier tipo de presión e injerencia.

En entrevista, fue cuestionado respecto a si la decisión de proponer a los demás magistrados la nulidad de la elección obedece a la presión por parte de la nueva administración federal, emanada del partido Morena, que presentó la impugnación en contra del triunfo de la panista Martha Erika Alonso.

Al respecto, el magistrado ponente comentó que no ha sido objeto de presiones y que no ha tenido contacto con los miembros del nuevo gobierno al grado que ni siquiera fue invitado a la toma de protesta de López Obrador.

“Ni siquiera fuimos convocados a la toma de protesta, entonces usted dígame dónde va a estar la presión, es decir, no hay tal cosa, yo no he tenido mayor vínculo con los nuevos actores del gobierno, hemos recibido en una ocasión a la ministra Olga Sánchez Cordero, que fue a visitarnos a la Sala Superior en una plática totalmente abierta y en su rol en ese entonces de futura secretaria de Gobernación, y más allá no hemos tenido mayor contacto, así que es una decisión que yo tomo con absoluta convicción del caso y a veces les toca a unos ganar, a otros perder”, explicó.

Vargas comentó que incluso hay varias similitudes en la elección de Puebla con la de Monterrey, que también fue anulada.

“Es un problema en la cadena de custodia, la autoridad electoral fue omisa en torno al cuidado de las actas y los paquetes, encontramos evidencia donde no estuvieron resguardados, donde no fueron convocados los partidos políticos, más de 50 ocasiones que se abrió la bodega, donde no contaron con las medidas de seguridad y entonces cuando nosotros ordenamos el recuento hace unas semanas, eso básicamente ya había ocurrido, no hubo ese deber de cuidado y básicamente eso afecta la certeza del proceso en mi punto de vista y es por eso que estoy proponiendo la anulación”, detalló.

El magistrado electoral explicó que de ser aprobado su proyecto de resolución, la elección se realizaría en un periodo de 60 días a partir de la notificación, por lo que podría llevarse a cabo a principios de febrero y le correspondería al Instituto Nacional Electoral (INE) su organización, porque se plantea la remoción de los consejeros locales, aunque el financiamiento correría a cargo del gobierno estatal.

Con información de El Financiero / Notimex