El titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Manzanilla, desmiente los señalamientos basados en el libro «La trama Audi».

A través de un comunicado, el funcionario estatal asegura que cuando se hicieron todas las transacciones financieras y transferencias de tierras a favor de Audi y CiudadModelo, ya no era funcionario público.

“Las transferencias de tierras se hicieron en septiembre de 2013, mientras que yo dejé la administración estatal de Moreno Valle en abril de ese año. Es decir, llevaba 6 meses fuera del gobierno”, señala el texto en cuestión.

Por la relevancia del tema, señala Manzanilla Prieto, esto debe investigarse. “Que se esclarezca si hubo sobreprecios, especulación con la tierra o si se favoreció indebidamente a alguien. Debe conocerse la verdad y, de encontrarse irregularidades, que paguen los culpables”, apostilló.

A continuación el texto íntegro:

Por la relevancia de la noticia que el periódico Reforma publica en la edición de hoy, domingo, titulada ‘Favorecen empresa con estafa en Puebla’, basada en el libro ‘La trama Audi componendas de un gobierno autoritario’, es importante precisar el contenido, mismo que más allá de tratarse de un tema de interés general, se aprecia en paralelo el interés de favorecer a actores políticos con proyectos futuristas.
 
En primera instancia cabe señalar que el medio, de manera dolosa, da a entender que únicamente fui yo quien firmó el primer contrato de desarrollo con Audi, cuando en realidad, en virtud de un acuerdo delegatorio del entonces gobernador Rafael Moreno Valle, dicho contrato, cuyo contenido fue autorizado, de manera unánime, por los diputados de la LVIII Legislatura del Congreso del Estado, se firmó por ocho miembros del gabinete.
 
Por otra parte, es público que existen, posterior al contrato original, al menos 5 convenios modificatorios, en donde las obligaciones del Estado variaron sustancialmente a lo originalmente pactado con las empresas. El objetivo del contrato original  fue solamente generar las condiciones para atraer a Puebla la inversión que obligaba a Audi a desembolsar 1,300 millones de dólares y generar 3,800 empleos directos y 6,000 indirectos.
 
Adicionalmente, en la fecha en que el Banco Estatal de Tierras (BET) transfirió las tierras a la empresa Audi, es decir, en septiembre de 2013 yo no ocupaba el cargo de secretario General de Gobierno, pues renuncié a principios de abril de ese año por serias diferencias con un régimen que se caracterizaba por el abuso del poder e instaurar un modelo corrupto de negocios.
 
Vale la pena subrayar que fue la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade) quien lideró la negociación con Audi y VW, desde los términos y redacción del contrato original y sus convenios modificatorios, hasta la ejecución del mismo, incluyendo el proceso de adquisición de las tierras.
 
Personal de dicha dependencia fue quien negoció y acordó la compraventa con los ejidatarios en donde se instaló la planta armadora en San José Chiapa y ordenó realizar los pagos a través del BET, organismo público descentralizado, en razón de que ambas entidades cuentan con autonomía propia.
 
Ahora bien, en el tiempo que fui secretario, la Secotrade informó que los pagos se hicieron de manera directa a los propietarios de la tierra y sin intermediarios. Adicionalmente, casi la totalidad de las contraprestaciones fueron realizadas después de que dejé el cargo. En concreto, de los más de 180 contratos que se firmaron para la adquisición de tierras para el proyecto, únicamente se habían firmado 4 antes de abril de 2013, mes en que renuncié.
 
En su momento fui informado por quienes llevaban la negociación que el entonces gobernador había dispuesto que el costo de lograr atraer la inversión al Estado de Puebla no rebasara el monto de cien millones de dólares.
 
Si las cantidades iniciales fueron rebasadas, si las condiciones finales afectaron las finanzas públicas y hubo una disposición irresponsable de recursos o si existió especulación en la compra y adquisición de tierras, la figura de Proyectos de Prestación de Servicios, inversiones fuera de lo inicialmente planeado, sobreprecios o si se favoreció indebidamente a alguien, soy de los interesados en que se conozca la verdad y, de encontrarse y comprobarse irregularidades, que paguen los responsables.
 
Por esta misma razón, durante el gobierno interino, solicité a la Secretaría de la Contraloría del Estado, iniciar una investigación y eventualmente deslindar responsabilidades a quienes tuvieron la tarea de implementar el proyecto.

La nota de Reforma

La instalación de la armadora alemana Audi en Puebla se orquestó con una serie de ilegalidades desde el Gobierno de Rafael Moreno Valle.

Sus funcionarios incluso se constituyeron como ejidatarios para asegurar la compra de la tierra para la armadora y la denominada Ciudad Modelo, actualmente casi deshabitada.

Así se afirma en «La Trama Audi. Componendas de un Gobierno autoritario», investigación del periodista Sergio Mastretta y el equipo de Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad (PCCI).

Conforme los datos obtenidos, la instalación de la planta en el Municipio de San José Chiapa le ha costado al erario lo mismo que invirtió la firma alemana.

«Contra la inversión de la empresa de 1,300 millones de dólares, los poblanos hemos transferido al proyecto por la acción del Gobierno en 6 años alrededor de 1,321 millones de dólares contados en territorio y obra pública en infraestructura, impuestos condonados y condiciones firmadas con el consorcio VW-Audi el 5 de septiembre de 2012», establece Mastretta en el libro que se presentará el martes en Puebla.

La investigación revela, por ejemplo, cómo dos funcionarios públicos estatales, Vicente Ortiz Toxqui y Roberto Carrión García, compraron a su nombre 274 hectáreas en 23.2 millones de pesos y las revendieron por 47 millones de pesos al Banco Estatal de Tierra, encargado de concretar el proyecto.

Ambos, junto con Sergio Vázquez Reyes, jugaron el triple papel de gestores del Gobierno, compradores particulares y ejidatarios vendedores.

Pablo Rodríguez Regordosa, actual dirigente municipal del PAN en Puebla y entonces Secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico con Moreno Valle, acudió personalmente a negociar la compra de la tierra a los ejidatarios y particulares, sin informarles que era Audi la empresa a la que pretendían ubicar ahí.

Además, fueron reservados prácticamente todos los contratos hasta 2021 o 2022.

En el libro se deshila la compleja trama jurídica, financiera, económica y política urdida entre 2011 y 2017 para poner en charola de plata las condiciones a Audi.

«El proyecto ha dejado por la construcción de la Plataforma Audi una deuda de alrededor de 10,800 millones de pesos a los contribuyentes poblanos, que será cubierta en 15 años, y concentró en un sólo gran proyecto y en una sola región una enorme suma de recursos federales a fondo perdido», establece Mastretta.

En la investigación, 19 funcionarios son mencionados, entre ellos Fernando Manzanilla Prieto, Secretario de Gobierno y de quien dependía la Dirección de la Tenencia de la Tierra. Él fue quien firmó como tal el Contrato de Desarrollo con las empresas Audi y Volkswagen. Desempeñó el mismo cargo durante el interinato de Guillermo Pacheco, y ahora, en el Gobierno de Miguel Barbosa, fue ratificado como Secretario de Gobierno.