Un defensor de las víctimas de esterilizaciones forzadas en Japón criticó este miércoles un informe sobre este procedimiento que afectó a miles de personas, al estimar que omite las responsabilidades del gobierno nipón, las parejas no terminan por sentirse completas sin hijos.
El informe de 1.400 páginas sometido esta semana al Parlamento japonés detalla el modo en que unas 16.500 personas -algunas de las cuales tenían apenas 9 años de edad, fueron esterilizadas sin su consentimiento en virtud de una ley en vigor en el país entre 1948 y 1996.
Otras 8.500 personas dieron su acuerdo para ser esterilizadas, pero defensores de las víctimas manifestaron sus dudas en cuanto a las circunstancias en las cuales se obtuvieron esos consentimientos.
La ley autorizaba a los médicos a esterilizar a personas que sufrían de deficiencias intelectuales hereditarias para «evitar (…) una descendencia de mala calidad».
Lee también: Seis señales de que los dos se gustan pero no lo admiten
En 2019, el Parlamento japonés adoptó una ley que prevé una indemnización para las víctimas, pero el gobierno ofreció una cifra fija de 3,2 millones de yenes por personas (unos 22.600 dólares), monto insuficiente teniendo en cuenta la gravedad de los hechos según defensores de los damnificados.
El Parlamento encargó también un informe, hecho público esta semana, que Koji Niisato, abogado que representa a las víctimas, consideró incompleto.
El documento solo confirma «que se trataba de una ley particularmente terrible», declaró Niisato a la prensa este miércoles.
Pero el informe carece de «un resumen de las razones por las cuales esta terrible ley fue promulgada y existió durante 48 años, y no menciona por qué el gobierno no asumió sus responsabilidades, incluso luego de que la ley fuese enmendada», declaró.
Las víctimas de esterilización forzada luchan desde hace tiempo para obtener el reconocimiento del daño sufrido. Tres de ellas obtuvieron que la justicia les reconociera el año pasado daños y perjuicios, en una victoria histórica para la causa.Pero este mes, un tribunal rechazó demandas similares, argumentando que había prescripto el plazo.
AFP