Aunque existen múltiples estrategias gubernamentales para garantizar la seguridad de las mujeres, suelen ser mal ejecutadas por lo que es necesario dar seguimiento real a las denuncias, ofrecer capacitación en materia de género a la policía, así como incrementar las sanciones para los agresores, consideró la maestra en Trabajo Social por la UNAM, Ana Guadalupe García Vega.

Al ofrecer la charla “¿Podemos las mujeres viajar seguras? Mujeres y movilidad en la CDMX”, como parte del ciclo “Miércoles para la Igualdad”, organizado recientemente por la Comisión de Igualdad de Género (CIGU) de la Universidad Nacional, la egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) reflexionó sobre las propuestas implementadas ante la realidad que viven millones de ellas, al utilizar la red de transporte público en la capital de la República mexicana.

García Vega estimó importante escucharlas y también sus demandas; “es un eje fundamental que el gobierno aprendió a la mala, pues después de que se salió a la calle pidiendo no más violencia, no más acoso, comenzaron a realizarse acciones”. Esto fue parte de nuestras demandas al pedir senderos seguros, botones de pánico y capacitación en materia de género para los elementos policiacos -lo cual también es un reto- para llegar a salvo a la casa.

Como parte de su tesis de maestría, la investigadora revisó el programa “Viajemos Seguras”, que se instauró en 2008 y fue un hito en el entonces Distrito Federal al ser un plan interinstitucional, en el cual participaban INMUJERES, la Secretaría de Seguridad Pública, incluso Locatel y otras instituciones. A partir de 2019 este programa recibe el nombre de “Viajemos seguras y protegidas”. 

El objetivo del plan es realizar acciones organizadas, a partir de un enfoque de género, entre los organismos de transporte público, dependencias responsables de la seguridad pública y de procuración de justicia, para garantizar que se transporten más seguras y libres de violencia, explicó la licenciada en Sociología.

Desde el inicio, incluye los transportes públicos: Metro, Metrobús, Tren Ligero y Trolebús, que son las arterias de la urbe, porque ellas utilizan múltiples medios y efectúan numerosas paradas; lo que significa que mientras los hombres van de la casa al trabajo y de regreso, las mujeres van del hogar a su sitio laboral, por el mandado, recogen a los hijos, a la tintorería, a pagar servicios, al banco, a la casa, etcétera. Es decir, una movilización extensa debido a los roles que llevan a cabo.

Más capacitación

El trabajo surgió a partir de la necesidad de rescatar la importancia de las mujeres, su derecho al espacio público y a moverse libres de violencia, y no solo recurrir a estereotipos tradicionales; es decir, no mencionar que podría ser tu hermana, madre o amiga, sino la enfermera que salvará una vida o la próxima abogada, la científica en busca de una cura. El objetivo es reforzar que se han ganado el derecho a la ciudad, que habitan y transitan en esta y merecen hacerlo libres de agresión.

García Vega comentó que, por ejemplo, en 2019 el Metro transportaba diariamente 5.5 millones de usuarios; sin embargo, fue diseñado para 2.5 millones, lo que ocasiona una serie de consecuencias y problemas que se notan, como desperfectos o aglomeraciones.

En su estudio, la investigación abarcó de 2019 a 2020, antes de la pandemia. Se revisaron las acciones que lleva a cabo el gobierno (ahora incluyen los taxis seguros) y los cinco módulos de atención que se ubican en: Balderas, Mixcoac, Taxqueña, Pantitlán y Pino Suárez, con horario de atención de 8:00 a 20:00 horas. Su capacidad es de 2.5 por ciento del total de las estaciones de ese medio de transporte.

Las actividades del programa cuentan con el aspecto preventivo, que es la separación de vagones y unidades exclusivas; existe una página virtual y la aplicación “Vive Segura CDMX”, en la cual se elaboran “cartografías del miedo”, es decir, donde pasa algo malo ahí se registra, pero no hay una sanción, es solo para identificar cuáles son las estaciones más peligrosas. Donde se realizan más denuncias es en la línea 3, una de las más aglomeradas.

Respecto a los módulos de atención, la especialista en Género, Seguridad y Ciudades Seguras señaló: si bien se brinda asesoría psicológica y jurídica gratuita, solo son cinco; en caso de sufrir algún percance en el Metro, se les remite a estos sitios, todo se concentra ahí.

“Esto es importante porque es parte de la baja en las denuncias. Si yo transbordo en el colectivo Atenea y ahí sufro un percance, el protocolo es que me acerco a un policía, lo comento, se me cuestiona si realmente fue así -que fue uno de los resultados de la tesis- cuestionando a la víctima con: ‘pero señorita, pues mire cómo viene vestida’. Se encontró que el personal no tiene capacitación en términos de género ni de actuación”, ejemplificó la experta, quien es miembro de la Red de Ciencia, Tecnología y Género.

Además, detalló, la afectada debe acudir al módulo de atención junto con el agresor; o sea, después del trauma aún debe estar con él. En estos lugares la atención se basa en la ley cívica, la cual establece que el tipo de infracciones que se cometen al interior del Metro se sancionan con pagar de 84 a 800 pesos, cifra que no ha cambiado desde el inicio del programa; o bien, de seis a 12 horas de arresto, o de seis a 12 de trabajo comunitario.

La investigadora enfatizó: esto es fundamental porque “se paga al romper el orden social, pero siendo un orden social heteropatriarcal la consecuencia es que realmente un acoso no rompe el orden social, es perpetuarlo y, por ello, la sanción es mínima en comparación al daño que pueden hacernos a nosotras como mujeres, porque la mayoría al percibir estas cosas terminan tomando otras rutas, pagando transporte privado, que es otro tema sumamente importante para la seguridad de las mujeres, comprando cosas para defenderse; es decir, la seguridad dejó de ser un derecho para convertirse en una mercancía y las mujeres somos las que más estamos invirtiendo con cursos de defensa personal”, por ejemplo.

García Vega destacó que el programa está bien pensado, porque se consideraron las instancias participantes, la parte jurídica, el transporte público, pero no se le dio seguimiento y sus acciones son limitantes.

Otro ejemplo, comentó, es que durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera se les dieron silbatos a ellas para defenderse, pero los policías no sabían lo que debían hacer en caso de escucharlos; era una buena idea, pero mal ejecutada.

Por ello, la maestra en Trabajo Social por la UNAM estimó necesario ser más consistentes con el seguimiento de los agresores, especialmente con los reincidentes, así como aumentar las sanciones.

En el caso de los taxis, recordó la moderadora de la charla Vianey Mejía, de la CIGU, la mujer es más vulnerable y si bien algunas aplicaciones de la Ciudad de México tienen un módulo que se llama “Mi taxi”, al momento de acceder se le pide al usuario darse nuevamente de alta con una clave especial; o sea, hay una serie de trabas que propician que no se utilice, y aunque la intención era buena, la ejecución y seguimiento no.