Los cursos están encaminados a la identificación de problemáticas sociales y su debido tratamiento

Para contribuir a una adecuada conducta de los servidores públicos, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Subsecretaría de Prevención del delito y Derechos Humanos, capacita a personal de los distintos Centros Penitenciarios del Estado, mediante el curso «Derechos Humanos y Sistema Penitenciario: menstruación digna y derechos de las mujeres privadas de su libertad», con la finalidad de favorecer al respeto y la garantía de los derechos de las mujeres privadas de su libertad.

Mediante esta formación académica e instrucción profesional, los funcionarios consolidan la aplicación de los derechos, especialmente de las internas, para propiciar condiciones sanitarias adecuadas y dignas mediante la aplicación de los conocimientos teóricos y metodológicos en el campo profesional y social, con un sentido ético.

Además, como parte del trabajo emprendido por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, de combatir todos los actos que laceren a las y los poblanos, la dependencia capacita a funcionarios del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), con el curso «Fortalecimiento Institucional contra la Trata de Personas, con énfasis en Niñas, Niños y Adolescentes».

El objetivo de esta capacitación es sensibilizar, prevenir y detectar la trata de personas, con una visión fundamentada y crítica de la problemática, a través del estudio desde diversas aristas como: fenómeno global; delito internacional y violación de los derechos humanos; análisis jurídico; diagnóstico sobre la situación en México, y las directrices para la detección de víctimas.

Así como las estrategias de prevención de la trata infantil desde la administración pública; consecuencias biopsicosociales de la trata en niñas, niños y adolescentes; buenas prácticas en la intervención con víctimas de trata para evitar la victimización secundaria; la inteligencia aplicada a la investigación policial de los casos de trata de niñas, niños y adolescentes; responsabilidades administrativas por incumplimiento a los deberes en materia de detección, canalización y tratamiento de personas víctimas del delito de trata.