Con el fin de plantear formas de vida menos consumidoras de energía y más amigables con el medio ambiente, la Ibero Puebla, a través del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xavier Gorostiaga, SJ (IIMA), el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE), el Departamento de Ciencias Sociales y el Observatorio de Participación Social y Democrática (OPSCD) en colaboración con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) celebró la cuarta sesión -energía- del ciclo de debates Extractivismo y defensa de los territorios. Debates para un mundo poscapitalista.
Defensa territorial en la coyuntura
A un año y medio de la entrada del nuevo gobierno se han vivido represiones más graves que en periodos anteriores. Así lo valoró Teresa Castellanos Ruíz, integrante del Frente de Pueblos y Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Relató que varios activistas, ella incluida, fueron demandados por manifestar sus ideas.
Se refirió específicamente al Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual consiste en dos centrales termoeléctricas que, contrario a lo prometido, no fueron sometidas a consulta. Por ello, indicó que la lucha seguirá adelante sin importar quién ostente el Poder Ejecutivo Federal.
En contraste, Oliveria Montes Lazcano, integrante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, compartió que el gasoducto Tuxpan-Tula fue un proyecto vetado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Destacó que el nuevo gobierno dejó de criminalizar a los territorios de la región, producto de la comunicación entre los activistas y las instancias públicas.
Si bien se han suspendido las operaciones por tres años, la empresa encargada de dicho proyecto ha buscado concluir la obra. Denunció que, al tratarse de acuerdo internacionales, los pueblos pueden llegar a verse afectados por las presiones de varias aristas. “Nosotros pagamos los costos cuando ni siquiera se nos toma en cuenta en la toma de decisiones”.
Patricia Montaño Flores, abogada y académica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), destacó que, en algunos casos, las consultas ciudadanas han permitido comenzar a visibilizar los intereses de quienes habitan las regiones en donde se llevan a cabo los proyectos.
Desde el aspecto ecológico, Javier E. Clausen Silva, académico del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ del ITESO, recordó que los hidrocarburos se mantienen como la energía con mayores daños al medioambiente. Añadió que debe explotarse las posibilidades de generar electricidad a partir de residuos urbanos.
Estrategias de imposición
Los megaproyectos avanzan mediante el uso de violencia. Castellanos Ruíz reprobó el uso de la retórica de millones de pesos perdidos si se cancelan las construcciones, lo que representa, según esa lógica, afectaciones a la nación. Además, denunció la presencia de grupos de choque, así como negociaciones deshonestas.
Pese a que la termoeléctrica de Morelos ha suspendido sus actividades, tanto ésta como el gaseoducto Morelos no fueron concebidas para favorecer a las comunidades. Indicó que la violencia se vive incluso al interior de la comunidad, pues se han sesgado las opiniones a través de engaños.
En consonancia, Oliveria Montes señaló que los megaproyectos construyen para sí mismos. Para la activista, el trabajo colaborativo sería una alternativa positiva: “Se debe discutir con los pueblos sobre estrategias para un nuevo modelo energético. Conocemos nuestros territorios y sus limitaciones”. Indicó que esto puede contribuir a explorar las repercusiones ambientales de los hidrocarburos.
Receptividad de la 4T y evaluación de impactos
La abogada Patricia Montaño reconoció que la administración actual ha tenido mayor apertura al diálogo que las anteriores. Se han llevado a cabo asambleas comunitarias para definir los mecanismos de acción y consenso, procesos que deben formalizarse a partir de los usos y costumbres de las comunidades.
Mencionó que los estudios de impacto ambiental tienen que ser llevados a cabo tanto por expertos como por la sociedad civil para impulsar diferentes perspectivas. “Sería muy bueno repensar nuestro estilo de vida en el marco del Covid-19 para trazar una vida menos consumista”.
Al mismo tiempo, Clausen Silva sostuvo que las evaluaciones de impacto ambiental deben cuestionar para qué o quién se debe generar más energía. En México, la evaluación de impactos consta únicamente de recursos jurídicos. Estos mecanismos también deben contemplar el impacto social de los proyectos, mismos que no están contemplando a los pobladores de los espacios.
Energías renovables
Pese al entusiasmo que supone la transición a energías limpias, las y el experto abordaron esta posibilidad con cautela. Teresa Castellanos exhortó a pensar en energías renovables siempre y cuando se necesite dicha energía. “No nos cerramos a requerirla, pero hay que poner un equilibrio entre los beneficios y afectaciones, sobre todo para el planeta”.
Montes Lazcano destacó que los pueblos siempre son desplazados para imponer proyectos. La falta de acuerdos comunes, dijo, perpetúa la dependencia en energías contaminantes: “¿Las energías son renovables o sirven para que las empresas obtengan energías sin invertir?”, sentenció.
Patricia Montaño informó que las energías renovables en México atienden a cuestiones políticas y económicas. “Se busca que la generación de energía sea exclusiva del Estado mexicano”. En el contexto actual, dijo, el beneficio de las energías renovables sería para una minoría. Indicó la necesidad de generar cambios en la legislación energética a partir de la participación social.
Muchos impactos ambientales fueron generados por el Estado debido a que los macroproyectos no son evaluados en cuanto a su impacto ambiental y social. Javier Clausen puntualizó que las energías renovables son buena opción cuando se toma en cuenta los valores de las comunidades y que éstas serán las principales beneficiarias de dichos proyectos.
Propuestas de vida alternativa
Durante el cierre, las panelistas coincidieron en la importancia de verificar la pertinencia de los proyectos, dando prioridad a las energías renovables. De igual manera, reconocieron que los megaproyectos destruyen el entorno natural y social debido a los altos capitales que hay de por medio. Sostuvieron que es inadmisible generar energías para consumos no prioritarios a costa de territorios comunitarios e indígenas. “Se tiene que separar el negocio privado de la generación de energías, así como replantear los hábitos de consumo de las personas”, cerró Montaño Flores.