México debe aprovechar la experiencia de legislaciones en materia de inteligencia artificia (IA) que han implementado otros países, además de evitar la sobreregulación y adaptar el marco jurídico con el que ya contamos, en lugar de comenzar desde cero, coincidieron expertos y senadores.

En el conversatorio organizado por la legisladora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del PVEM, y la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial sobre “Políticas Públicas y Derechos” en torno a las IA, los participantes expusieron que aquellas naciones que ya cuentan con normas en esta materia tienen problemas por hacerlo de forma prematura.

Esto debido a que se trata de una tecnología que ha evolucionado rápidamente y que cada día se emplea en más y distintos sectores, por lo que nuestro país tiene que estudiar esos casos y “adoptar” lo que sí ha funcionado.

“La discusión es muy pertinente. Las inteligencias artificiales nos van a pegar en todos los ámbitos de la vida”, como el laboral, el de seguridad y hasta el médico, sostuvo el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien además señaló que frente a la inteligencia artificial, se necesita “inteligencia colectiva” para regularlas adecuadamente.

La senadora Alejandro Lagunes también subrayó la necesidad de “ponerse las pilas” en torno a la regulación de la AI ante temas como el de los derechos laborales y las “deep fakes”, cuya falsedad de imágenes y de información puede atentar contra la dignidad humana.

En su charla, senadores y expertos de la ANIA precisaron que la sobreregulación de la IA puede “chocar” con otras normas o evitar que pequeñas empresas que las desarrollan crezcan y se vuelvan trascendentes a nivel internacional, por lo que se debe cuidar que una futura legislación vigile el uso de la tecnología, pero no impida el crecimiento de emprendedores.

En cuanto a la protección de la gran cantidad de datos que emplean la IA, precisaron que dependencias como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no sería adecuada, pues no bastan sólo abogados, si no que se requieren expertos técnicos: científicos de datos, economistas y hasta filósofos de datos.

Además, consideraron la posibilidad de crear una agencia regulatoria especializada en las IA o un fideicomiso, pero con presupuesto suficiente para que tengan éxito y no queden sólo en “buenas intenciones”.

Asimismo, enfatizaron la pertinencia de regular qué y cuántos datos personales pueden emplear las IA, para evitar que abusen de ellas compañías para generar nuevos negocios, obtener ganancias por su venta e, incluso, que el regulador gubernamental haga mal uso de ellos.

En este punto insistieron en actualizar y adaptar marcos jurídicos ya existentes, como los relacionados con la Protección de Datos Personales, en lugar de comenzar desde cero una nueva legislación.