La diputada federal Lorena Piñón Rivera lamentó que el país tenga el índice más alto en el mundo de abuso sexual contra menores: “Es una atrocidad que cada año 4.5 millones de niños mexicanos sean víctimas de delitos sexual en nuestro país. Lamento que México sea líder en el mundo de este tipo de actos aberrantes y criminales en donde el 90 por ciento de estas víctimas son niñas que viven con su agresor”, expuso.

En entrevista previa al inicio de la sesión ordinaria, la integrante del Grupo Parlamentario del PRI refirió: “las víctimas infantiles y adolescentes menores de edad cargan con el peso traumático de haber sido abusadas durante toda su vida. “Es inaceptable que los victimarios puedan quedar impunes debido a la prescripción de sus crímenes”, anotó.

Indicó que es importante destacar que la gran mayoría de los casos de abuso sexual nunca se denuncian. Precisó que de cada mil casos cometidos contra menores, solo cien llegan a la luz pública, y de esos, solo un pequeño porcentaje llega a los tribunales. Es aún más alarmante que, de los casos que llegan a juicio, solo un ínfimo uno por ciento recibe una sentencia condenatoria.

De acuerdo a datos proporcionados por la legisladora veracruzana, el 98 por ciento de los casos de violencia sexual en el país permanecen en las sombras, sin que las víctimas encuentren el valor o el apoyo necesario para denunciar.

Además, subrayó, es importante tener en cuenta que los plazos de prescripción en varios de los códigos penales del país son demasiado cortos, a pesar de que expertos afirman que las víctimas pueden tardar décadas en denunciar estos hechos traumáticos.

Asimismo, indicó que ya ha solicitado la mediación al coordinador de la bancada legislativa del PRI, Rubén Moreira, “para exhortar respetuosamente a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados a que dictamine de manera prioritaria la iniciativa de no prescripción de los delitos sexuales que presentó.

En ese sentido, mencionó es fundamental que sea discutida y votada por todos los legisladores, ya que representa un paso esencial en la lucha contra la impunidad y en la protección de las víctimas de abuso sexual en nuestro país en donde la mayoría son mujeres y menores de edad. “No podemos permitir que la justicia se escape de las manos de quienes más la necesitan, y es nuestro deber como representantes del pueblo mexicano garantizar que se haga justicia”, finalizó.