Mila tiene 11 años y está embarazada.

Según denunció ante la policía el pasado julio, su padrastro abusa sexualmente de ella desde que tenia 7 años. Antes de eso, según declaró, había venido sufriendo abusos de un tío suyo.

La niña, que creció en un entorno de pobreza en el departamento de Loreto, una vasta región selvática en el norte de Perú, se ha convertido en el centro de un escándalo en el país después de que las autoridades le negaran el acceso a un aborto terapéutico, que es el que permite la ley peruana.

No han pasado ni tres meses desde que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas dictaminara que Perú violó los de una niña indígena embarazada tras años de abusos de su padre al no facilitarle información ni acceso a un aborto legal y seguro.

Aquel fue el caso de Camila, nombre ficticio que se le dio para proteger su identidad, como sucede con el de Mila.

Los casos de Camila y Mila ponen en entredicho la atención del Estado peruano a las niñas víctima de violencia sexual y reabren el debate sobre las leyes que regulan la interrupción del embarazo.

Qué se sabe del caso de Mila
La niña se presentó el pasado 3 de julio en dependencias de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional del Perú y denunció haber sido violada durante años por su padrastro.

También relató que antes de su padrastro había sido un tío suyo el que abusaba de ella.

El padrastro de la menor, identificado como Lucas P. A., fue detenido y puesto a disposición judicial.

La Fiscalía solicitó su ingreso en prisión preventiva, pero el juez Bernuel Espíritu, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas, lo dejó en libertad, basándose en que el examen forense realizado a la pequeña no encontró espermatozoides y solo halló restos de lesiones antiguas y no recientes, por lo que, según el juez, no había indicios suficientes para encarcelarlo.

Lo dejó libre con la condición de presentarse cada 15 días ante la Fiscalía.

El 2 de agosto, una junta médica del Hospital Regional de Loreto negó a Mila el acceso a un aborto terapéutico, porque, según afirmó en su oficio, su embarazo “no cumple criterios para la decisión”.

Organizaciones de defensa de los derechos de las niñas y las mujeres denunciaron el caso, lo que llamó la atención de los medios locales, y suscitó entonces un aluvión de reacciones.

El jueves, la juez Janet Tello, presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, rechazó en un comunicado la decisión de la junta médica del hospital y subrayó que “la maternidad forzada” derivada de una violación “constituye una forma de tortura”.

En la misma línea se manifestó la oficina del Defensor del Pueblo.

El Ministerio de Salud informó en un comunicado que finalmente se había trasladado a Mila al Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, “máxima entidad en salud sexual y reproductiva del país”, donde se encuentra hospitalizada para las “evaluaciones correspondientes” y las “atenciones médicas y psicológicas que requiera”. El comunicado no aclaró si la niña tendría acceso al aborto terapéutico.

El viernes, María Teresa Vargas, la fiscal a cargo del caso, le dijo a BBC Mundo que la niña refirió haber sufrido también abusos de su tío. Las investigaciones sobre la presunta participación de este segundo sospechoso aún no han comenzado.

La niña se encuentra ya en su decimoctava semana de gestación.

Una ley de aborto muy restrictiva
El escándalo por lo sucedido con Mila reavivó el recuerdo todavía reciente del caso de Camila.

Esta niña de 13 años, residente en una comunidad indígena del montañoso departamento de Apurímac, resultó embarazada tras sufrir años de violaciones de su padre.

Las autoridades peruanas ignoraron sus peticiones de acceder a un aborto terapéutico e insistieron en plantearle un plan de parto.

Cuando finalmente la niña abortó espontáneamente, la Fiscalía abrió una investigación contra ella como presunta autora de un delito de inducción al aborto.

El Comité para la Protección de los Derechos del niño de la ONU concluyó el pasado junio que el Estado peruano había violado los derechos de Camila y exhortó a las autoridades a la despenalización urgente de la interrupción del embarazo de todas las menores víctimas de violación.

La legislación peruana sobre el aborto es muy restrictiva, pero su Código Penal explicita que no se castiga cuando se lleva a cabo “para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”.

Los embarazos infantiles se asocian con un mayor riesgo de complicaciones como la preeclampsia, que pueden resultar mortales tanto para la madre como para el feto. También hay una alta probabilidad de que aparezcan problemas psicológicos e incluso de intentos suicidas de la madre.

Según la Organización Mundial de la Salud, el 55% de los embarazos no deseados en madres de 10 a 19 años terminan en abortos espontáneos que también ponen en peligro la vida de las niñas y adolescentes gestantes.

Isbelia Ruiz Perdomo, abogada de la ONG Promsex, que ha asumido la representación legal de Mila, le dijo a BBC Mundo que “el problema en Perú es que este es un país muy conservador y muchos funcionarios no son capaces de dejar al margen sus convicciones morales y religiosas a la hora de aplicar las leyes”.

Según los datos del Fondo para la Población de Naciones Unidas, cada día nacen en Perú cuatro niños de madres de entre 10 y 14 años. Cada año alrededor de 50.000 niñas y adolescentes dan a luz en el país.

ONG y expertos denuncian que, como Mila y Camila, las víctimas de abusos sexuales suelen proceder de entornos de pobreza y núcleos aislados de población donde no existe educación sexual.

Según relató su abogada, la propia Mila tiene dificultades para leer y escribir porque el mismo padrastro acusado de violarla decidió que debía dejar de ir a la escuela.

El tema de la educación sexual sigue siendo objeto de discusión en Perú, donde el colectivo de orientación ultraconservadora conocido como “Con mis hijos no te metas” ha realizado campañas y movilizaciones para impedir que se aborde la sexualidad, especialmente la no heterosexual, en las aulas.

Y el Congreso aprobó en 2021 una ley que establece que los padres puedan vetar los contenidos educativos que consideren inadecuados, lo que, según los detractores de la norma, impide de facto la educación sexual en las aulas.

Qué pasará con Mila
“A Mila le destruyeron la infancia”, asegura Perdomo.

En su cuarto mes de embarazo, ha sido presuntamente víctima de años de agresiones sexuales por dos hombres diferentes de su familia.

A eso se sumará ahora el potencial trauma de un aborto o el de seguir adelante con la gestación a su corta edad, con todos los riesgos que eso implica.

Por eso, ante la falta de respuesta en su país, Promsex se ha dirigido a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas para solicitar que esta instancia internacional logre que las autoridades peruanas le faciliten a “Mila” acceso a servicios legales de interrupción del embarazo y cuidados postaborto.

Para Perdomo, “cuanto más tarde en hacerse, peor será para la niña”.

“A su edad debería estar jugando, no teniendo que decidir si quiere ser madre o no”, concluye.

BBC NEWS MUNDO